Las demandas en los tribunales de arbitramento por proyectos de vías 4G en Colombia ya superan los $10 billones.
Desde 2022, Colombia ha visto un alarmante incremento en los tribunales de arbitramento relacionados con concesionarios de vías 4G. La cifra ha pasado de 17 a 25, con pretensiones que ahora superan los $10,5 billones, un aumento significativo desde los $9,8 billones reportados anteriormente.
Este aumento del 50% en menos de dos años está estrechamente ligado a la decisión del presidente Gustavo Petro de congelar los peajes. Y es que, según datos del Ministerio de Transporte y fuentes del sector privado, el congelamiento de peajes decretado por el gobierno ha sido un factor clave en el aumento de litigios.
Desde la llegada del presidente Petro al poder en agosto de 2022, se han instaurado ocho nuevas demandas contra el Estado, destacándose proyectos como Vías del Nus y Ruta al Mar, ambos afectados por la falta de ajustes en los peajes.
Casos destacados
Cristina Vásquez, socia de Posse Herrera Ruiz y líder en infraestructura, explicó a Valora Analitik. «En la medida en que ese incremento no se dio, se causó perjuicio a estos proyectos de vías 4G». Esta situación ha generado un escenario de incertidumbre y litigiosidad creciente.
Recientemente, Autopistas del Caribe presentó una demanda solicitando compensaciones por el no recaudo del peaje de Turbaco y la no instalación de la caseta de Arroyo de Piedra. Además de los impactos sufridos por la pandemia del Covid-19. De acuerdo con el medio de comunicación, esta demanda es parte de un patrón creciente de litigios impulsados por decisiones gubernamentales.
La viceministra de infraestructura, María Constanza García, señaló que muchos de estos conflictos se deben a eventos eximentes de responsabilidad no previstos en los contratos originales. “Los señores concesionarios, en tribunales internacionales y nacionales, están reclamando lo que, a juicio de ellos, el Gobierno debe entrar a respaldar”, afirmó durante un debate político reciente.
Hay que tomar medidas
Expertos del sector, como Diana Rueda de Cuatrecasas, subrayan la urgencia de respetar la seguridad jurídica para evitar más litigios. “El actual Gobierno ha tomado decisiones en materia de concesiones viales que han generado un incremento de la litigiosidad en este tipo de proyectos”, comentó. Esto, enfatizando la necesidad de medidas efectivas para proteger el orden público y la seguridad nacional.
Es evidente que la gestión de las concesiones viales en Colombia necesita una revisión profunda. Las decisiones de política pública deben considerar los compromisos contractuales y financieros para evitar un incremento de conflictos que afectan tanto al Estado como a los concesionarios. Así pues, la búsqueda de un equilibrio entre las necesidades públicas y los derechos privados es crucial para el desarrollo sostenible del país.
Paola Reyes Bohórquez. Fuente: Valora Analitik.
