Bogotá lanzará un proyecto que obliga a pagar por permisos para intervenciones en la vía pública; los ingresos se destinarían a un fondo de movilidad sostenible.
Con más de 1.200 frentes de obra activos y trancones diarios, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá propuso una medida que ha encendido opinión pública: el cobro de tarifas por trámites que impliquen intervenciones en la vía pública.
Publicado en redes, el proyecto estará abierto a los comentarios de ciudadanos y empresarios hasta el próximo 20 de junio, y busca que quienes generen alteraciones en el tránsito, desde eventos hasta obras, asuman una parte de los costos técnicos y administrativos que desencadenen estas actividades.
La iniciativa plantea tarifas en Unidades de Valor Básico (UVB) para diversas autorizaciones como los Planes de Manejo de Tránsito (PMT), Estudios de Transporte y Tránsito (ETT), Estudios de Demanda y Atención de Usuarios (EDAU), y diseños de señalización vial. Estas cifras oscilan entre 42,98 y 537,22 UVB, lo que equivale a valores entre aproximadamente $496.500 y $6.200.000 COP, tomando como referencia la UVB establecida para 2025 en $11.552 COP.
Los obligados
Aunque el Distrito y sus contratistas quedan exentos del pago, estarán obligados a coordinar directamente con la Secretaría para tramitar sus permisos. También las organizaciones sin ánimo de lucro podrían obtener exenciones si implementan acciones compensatorias como campañas de seguridad vial o talleres educativos.
Según explicó la Secretaría, el propósito de esta política es financiar el programa de Movilidad Sostenible, que contempla inversiones en infraestructura vial, fortalecimiento de señalización y mejor gestión del tráfico. De hecho, el Presupuesto 2025 contempla una asignación cercana a los $32,57 billones para proyectos relacionados con movilidad sostenible, entre los cuales figuran el desarrollo de cicloinfraestructura, mejoras viales, y consolidación del espacio público.
Este paquete incluye obras como la remodelación de la Calle 13, una megaobra de más de $2 billones COP cuyo proceso de adjudicación está en curso y que es clave para optimizar una de las principales entradas y salidas de la ciudad. El contexto muestra un fuerte impulso a la movilidad eléctrica y sostenible: las ventas de vehículos eléctricos e híbridos crecieron un 13,8 % en abril de 2025 en comparación con 2024, y hoy representan el 38 % de las matriculaciones.
Bogotá, además, ya lidera el continente con una flota de 1.485 buses eléctricos, reduciendo cerca de 94.300 toneladas de CO2 al año. Paralelamente, la ciudad cuenta con más de 620 km de ciclorrutas, una red que quintuplicó el número de viajes en bicicleta desde su planteamiento.
Altos costos
Sin embargo, el costo que implican estas tarifas ha generado preocupación entre empresarios de logística y organizadores de eventos, que ya lidian con los altos valores derivados del caos vial constante.
Por su parte, muchos ciudadanos consideran que la iniciativa añade una carga adicional a un panorama ya encarecido, agravado por ajustes como el incremento del salario mínimo del 9,54 % en 2025 y los valores actualizados para licencias, matrículas y traspasos de vehículos que alcanzan hasta $589.200 COP en el caso de un carro.
El debate continúa abierto. La Secretaría ha enfatizado que los ingresos extra servirán para modernizar la infraestructura, mejorar la seguridad vial y ordenar el espacio público. “Los recursos obtenidos se destinarán a financiar el programa sostenible”, señaló un comunicado oficial.
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Paola Reyes Bohórquez.
