El Congreso aprobó la ley que elimina el Pico y Placa para los carros que transporten personas con discapacidad en Colombia. Falta sanción presidencial.
Miles de familias que dependen de un vehículo para trasladar a una persona con discapacidad podrían quedar exentas de las restricciones de circulación en Colombia. La Cámara de Representantes aprobó en último debate un proyecto de ley que busca eliminar la obligación de cumplir el Pico y Placa para los vehículos destinados al transporte de esta población, una iniciativa que ahora queda a la espera de la sanción presidencial para convertirse en ley de la República.
La propuesta pretende unificar una medida que actualmente ya existe en algunas ciudades, pero que no está garantizada a nivel nacional. En lugares como Bogotá y Medellín, los vehículos que transportan personas con discapacidad pueden acceder a excepciones frente a la restricción vehicular, siempre que cumplan determinados requisitos y se encuentren registrados ante las autoridades de movilidad. Con la nueva norma, el beneficio tendría alcance en todo el territorio colombiano.
El principal argumento detrás de la iniciativa es facilitar el acceso a servicios esenciales. En muchos casos, las personas con discapacidad y sus cuidadores deben desplazarse de manera frecuente para asistir a tratamientos médicos, procesos de rehabilitación, instituciones educativas o actividades laborales. La aplicación de restricciones vehiculares puede convertirse en una barrera adicional para quienes dependen del transporte particular para movilizarse.

Se aplica en varias ciudades
Según explicó el congresista Jaime Raúl Salamanca, uno de los impulsores del proyecto, la medida busca garantizar condiciones más equitativas para esta población. En sus declaraciones, afirmó que la excepción no debe entenderse como un privilegio, sino como una herramienta de inclusión orientada a eliminar obstáculos que dificultan el ejercicio de derechos fundamentales relacionados con la salud, la educación, el trabajo y la participación social.
La discusión también pone sobre la mesa cómo funcionan actualmente las exenciones al Pico y Placa en varias regiones del país. Bogotá es uno de los ejemplos más conocidos. En la capital, el transporte de personas con discapacidad hace parte de las 17 excepciones contempladas dentro del esquema de restricción vehicular administrado por la Secretaría Distrital de Movilidad.
Sin embargo, el beneficio no es automático. Los propietarios deben realizar una inscripción previa, diligenciar formularios y presentar documentación médica que certifique la condición de discapacidad. Una vez aprobado el trámite, reciben una autorización oficial que deben portar cuando circulan durante los horarios restringidos.

¿Qué cambia con la nueva ley?
Además, el vehículo debe cumplir con las obligaciones legales vigentes, incluyendo registro en el RUNT, revisión técnico-mecánica al día y póliza SOAT vigente. Actualmente, cerca de 180.000 vehículos se encuentran inscritos en las distintas excepciones del Pico y Placa en Bogotá, una cifra que evidencia la relevancia que tienen estos mecanismos para diferentes grupos de usuarios.
Si el presidente sanciona el proyecto, las autoridades locales deberán adaptar sus procedimientos para garantizar la aplicación de la excepción en todo el país. Aunque cada municipio conserva autonomía para administrar sus esquemas de movilidad, la nueva legislación establecería un marco nacional para proteger el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad.
La decisión también podría influir en futuras discusiones sobre la forma en que se diseñan las restricciones vehiculares en Colombia. En un contexto donde el Pico y Placa sigue siendo una de las herramientas más utilizadas para gestionar la congestión urbana, el reto será encontrar un equilibrio entre los objetivos de movilidad y las necesidades de grupos poblacionales que requieren condiciones especiales para desplazarse.
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Paola Reyes Bohórquez.









