El proyecto de ley plantea reformar el Código Nacional de Tránsito para eliminar cobros adicionales por grúa y parqueadero, dejando solo la multa como costo para el conductor.
En el Congreso de la República se radicó el Proyecto de Ley Ordinaria 119 de 2025. Este lo presentó el representante a la Cámara Wilmer Guerrero y busca frenar lo que considera una de las mayores injusticias para los conductores del país: los cobros desproporcionados por la inmovilización de vehículos.
Actualmente, cualquier conductor en Colombia que comete una infracción debe pagar no solo el valor de la multa, sino también tarifas adicionales por grúas y patios. Incluso por el retiro de cepos en casos de mal parqueo. Para Guerrero, este sistema se ha convertido en un “modelo de negocio” que beneficia a concesionarios privados y castiga a millones de ciudadanos, en especial a los motociclistas que dependen de sus vehículos para trabajar.
“Las oficinas de tránsito se dedicaron a recogerle plata a los concesionarios, no a restaurar la legalidad ni a educar en normas de tránsito”, denunció Guerrero, quien considera urgente una reforma que ponga fin a lo que califica como un abuso institucionalizado.
Ajustes con el proyecto de ley
La propuesta plantea una transformación profunda. Por ejemplo, solo pagar multa dentro de un plazo de un día hábil, sin cargos adicionales por grúas ni patios. Así mismo, que las oficinas de tránsito de todos los municipios habiliten servicio de entrega de vehículos los fines de semana. Lo anterior, para evitar que los costos se acumulen injustamente.
Igualmente, propone la eliminación del cobro del cepo y, simplemente, que con el pago de la sanción el conductor pueda llevarse su automotor sin tarifas extras. División de costos en grúas en el caso de los traslados de varias motos en una misma. Así, el valor del servicio deberá dividirse equitativamente entre los propietarios.
Y, finalmente, condiciones mínimas de los patios, así los parqueaderos deberán contar con pavimento y techo para garantizar la preservación de los vehículos, que hoy muchas veces son almacenados a la intemperie en terrenos fangosos. En palabras del congresista, “no se trata de castigar al infractor con sobrecostos, sino de promover el cumplimiento de las normas en un marco de justicia y dignidad. Hoy los patios se han vuelto negocios rentables para terceros, y eso debe terminar”.
Inmovilizaciones
Cada día en Colombia son inmovilizados 4.600 vehículos, generando costos que en muchos casos superan el valor de la multa. Esto explica por qué, según datos del propio Guerrero, solo el 27 % de las multas por inmovilización son pagadas, mientras que en el promedio general de comparendos el recaudo asciende al 34 %.
El abandono vehicular es otro síntoma del problema. Y es que en el caso de Bogotá hay 37.000 vehículos abandonados en patios con más de un año de antigüedad. Entre tanto, en Medellín, se cuentan 46.900 motos y 3.400 carros en igual condición.
Durante 2023, solo en Bogotá, el negocio de grúas y patios recaudó más de 50.000 millones de pesos, pero el Distrito apenas recibe el 17 % de esos ingresos, lo que evidencia que los concesionarios privados son los principales beneficiados. Además, en lo que va del año se impusieron 3.870.000 comparendos, de los cuales apenas el 37 % han sido pagados, lo que, según el congresista, demuestra que el actual esquema no incentiva la legalidad.
Medidas adicionales
El proyecto también contempla medidas adicionales. En tal sentido, si un ciudadano impugna un comparendo y el fallo le es favorable, se le reembolsarán los valores pagados por grúa y patios; todos los patios tendrán un plazo máximo de un año para adecuar sus instalaciones con pavimento y cubierta; los entes de tránsito deberán garantizar personal disponible para trámites de entrega de vehículos los fines de semana.
En relación con el uso de grúas, Guerrero criticó la práctica actual, “hoy transportan varias motos en una sola grúa y le cobran el servicio completo a cada propietario. Eso es un abuso y lo vamos a corregir dividiendo los costos de manera justa”.
El representante advirtió que este cambio sería especialmente beneficioso para los motociclistas, quienes representan el 70 % de las inmovilizaciones en el país y que, al ver sus vehículos retenidos, muchas veces pierden su sustento económico.
Este problema se conecta directamente con el incremento del parque automotor en dos ruedas. En 2024, las motos representaron más del 60 % de los vehículos registrados en Colombia, lo que también ha traído consigo una presión sobre la seguridad vial y los costos del sistema de salud, que el año pasado registró más de 8.000 muertes por accidentes de tránsito, la mayoría de ellas asociadas a motociclistas.
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Paola Reyes Bohórquez.
