En Colombia se aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 158 de 2024, que frenaría los abusos de las fotomultas a conductores.
El Congreso de la República aprobó en primer debate, en la Comisión Sexta del Senado, el Proyecto de Ley 158 de 2024, destinado a frenar el “negocio” de fotomultas. La propuesta, respaldada por el senador Julio Alberto Elías Vidal, con apoyo del concejal de Bogotá Julián Forero, plantea reformas significativas para blindar el derecho al debido proceso y evitar que los propietarios de vehículos sean sancionados sin ser claramente identificados como los infractores.
Y es que, el texto del proyecto deja claro que “el carro no comete infracciones, las cometen las personas”, y exige que para imponer un comparendo se compruebe quién es el conductor responsable. Además, se incorpora la obligación de señalización visible de todas las cámaras fijas y móviles. Además, se establecen protocolos rigurosos para garantizar transparencia y precisión en la sanción.
El concejal Forero, quien llevó al Senado una carta con recomendaciones desde Bogotá, destaca que la señalización de las fotocámaras redujo los comparendos en la capital en casi un 19 %. Pasando de 676.803 en 2023 a 544.901 en 2024, lo que refleja una descomercialización del sistema sancionatorio.
Polémica por fotomultas
Así mismo, la iniciativa exige la entrega de grabaciones al infractor, instalación de radares para corroborar velocidades, evaluación técnica regular de equipos y eliminación de prórrogas de autorización, medidas ya recogidas en el articulado.
En cifras recientes, la Agencia Nacional de Seguridad Vial reportó la existencia de cerca de 1.087 cámaras de fotodetección en Colombia. En Bogotá, operan 91 dispositivos, muchos de los que han sido cuestionados por falta de calibración, señalización o por emitir comparendos “sin autorización oficial”, según denuncias de conductores.
Desde 2024 estas cámaras generaron más de 598.000 comparendos, la mitad detectados por fotodetección, entre los que destaca el exceso de velocidad, que representa alrededor del 48 % de las infracciones. Igualmente, la Agencia advirtió que unas 150 cámaras podrían quedar fuera de servicio en 2025 si no se renuevan sus autorizaciones, lo que implica un riesgo operativo para el sistema.
El modelo vigente, basado en la Ley 1843 de 2017, permite sancionar a propietarios “solidariamente responsables”, incluso sin evidencia clara del conductor, situación que se declaró potencialmente inconstitucional por la Corte en la Sentencia C‑038 de 2020. Así las cosas, el proyecto legislativo busca adaptar el sistema al fallo, exigiendo la identificación inequívoca del conductor.
Aún no es ley
A pesar de este avance en el Senado, organizaciones como Colombiacheck han advertido que aún “no es ley”, pues restan tres debates más (plenario del Senado, dos en la Cámara de Representantes) y la sanción presidencial antes de que entre en vigencia. El lobby y los intereses vinculados al sistema de fotomultas podrían ralentizar su trámite, según analistas.
Por todo lo anterior, este proyecto representa una victoria parcial para quienes argumentan que el sistema de fotomultas, sin regulación transparente, ha funcionado más como una fuente de ingresos que como un mecanismo de control vial justo. La exigencia de identificar al conductor y de señalizar todas las cámaras contribuye a una adecuada convivencia entre tecnología y derechos ciudadanos.
Paola Reyes Bohórquez.
