El Ministerio de Hacienda propuso eliminar el subsidio al ACPM para vehículos particulares, manteniéndolo solo para transporte público. La medida busca reducir el déficit fiscal.
El Ministerio de Hacienda publicó este lunes 21 de julio un proyecto de decreto que modificaría el esquema de subsidios al ACPM (diésel) en Colombia. Así, eliminaría el beneficio para vehículos particulares, diplomáticos y oficiales, mientras lo mantendría para el transporte público de carga y pasajeros.
La medida, que forma parte de la estrategia para cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), ha generado un intenso debate por sus implicaciones económicas y operativas. Así las cosas, el borrador establece que los vehículos particulares: automóviles, camionetas, camperos y cuatrimotos, deberán pagar el ACPM a precio de paridad internacional, sin subsidio.
Así mismo, señala que transporte público: buses, busetas, microbuses, camiones, tractocamiones y volquetas, conservarán el subsidio actual. La medida se implementaría primero en las principales ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y zonas metropolitanas, donde el consumo de diésel por particulares es alto y hay mayor capacidad de control. Posteriormente, se extendería gradualmente a otros municipios.
Beneficio desproporcional
El gobierno argumenta que el subsidio actual ha generado «presiones fiscales sostenidas» y que, al beneficiar desproporcionadamente a hogares de mayores ingresos, representa una «asignación ineficiente de recursos públicos».
«Dirigir los recursos del Estado hacia sectores prioritarios permite proteger su función productiva y garantizar movilidad accesible, sin comprometer la sostenibilidad financiera del mecanismo», señala el documento técnico del Ministerio. El FEPC, creado para estabilizar los precios de los combustibles, ha acumulado un déficit millonario. Según el MinHacienda, el subsidio al ACPM ha tenido un impacto fiscal significativo.
Por todo lo anterior, su eliminación parcial permitiría: reducir el gasto público en un contexto de ajuste fiscal; avanzar en equidad, al priorizar subsidios para transporte masivo y de carga; y fomentar la transición energética, desincentivando el uso de vehículos diésel particulares.
Sin embargo, la medida llega en un momento en que el precio del diésel ya registra alzas. Actualmente, el galón subsidiado ronda los $10.000, mientras que sin subsidio podría superar los $14.000, dependiendo de la fluctuación internacional.
Riesgos de la medida
Aunque el gobierno defiende la focalización del subsidio, expertos advierten sobre los desafíos prácticos de su implementación. Por ejemplo los mercados paralelos, ya que podría incentivarse la venta ilegal de ACPM subsidiado a particulares; el fraude en estaciones, debido al difícil control para evitar que vehículos no autorizados carguen combustible subsidiado, y, finalmente, el impacto en sectores rurales, pues muchas regiones dependen de camperos y camionetas diésel para transporte intermunicipal.
Expertos señalan que implementar un cobro diferencial es complejo. Sin sistemas de control robustos, se abren puertas a evasión y mercados negros. Además, transportadores de carga han expresado preocupación por un posible efecto dominó: si aumenta el costo del ACPM para flotas privadas, podría encarecer el transporte de mercancías y, eventualmente, los precios al consumidor.
Por lo pronto, el proyecto de decreto está en etapa de consulta pública, y el Gobierno espera recoger observaciones antes de su implementación. De aprobarse, marcaría un cambio significativo en la política de subsidios a combustibles, alineándose con la tendencia global de reducir beneficios a hidrocarburos y promover energías limpias.
Paola Reyes Bohórquez.
