En palabras de la plataforma virtual Uber, la SIC estaría violando su libertad de expresión, así como la libertad en el uso de Internet. Hace énfasis en las grandes cantidades de dinero que paga en impuestos al fisco nacional.
Luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio diera a conocer su decisión respecto a ordenar la suspensión de los servicios y operaciones de Uber en Colombia, con el argumento de que esta incurre en competencia desleal, la compañía emitió un comunicado oficial en el que fija su posición al respecto.
Para Uber, se trató de una determinación sorpresiva y contrario a las leyes colombianas. «Uber lamenta y rechaza que la Superintendencia de Industria y Comercio haya producido este fallo de manera sorpresiva y en contra del ordenamiento jurídico colombiano, violando el debido proceso y derechos constitucionales», reza el documento de la firma.
Pero la empresa de transporte va más allá. Habla incluso de un acto de censura que, además, infringe lo establecido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que «ya condenó los intentos de bloqueo de la aplicación y sitio web de Uber por violar la neutralidad de red, libertad de expresión y libertad de Internet«.
Economía Naranja
Por supuesto, Uber apeló la decisión de la SIC ante el Tribunal Superior de Bogotá, señalando al gobierno de ir en contravía de las políticas que promueve. Según la firma afectada, el fallo «resulta contradictorio con las banderas de innovación, emprendimiento y economía naranja que el Gobierno Nacional defiende y promueve».
Destacó la empresa que, hasta la fecha, ha pagado cerca de 70.000 millones de pesos en IVA por prestar servicios de tecnología, contando actualmente con 88.000 socios conductores y unos dos millones de usuarios en todo el país, cuyos derechos, según afirma, se ven afectados con la orden de suspensión.
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Óscar Julián Restrepo Mantilla.