La Ley de Financiamiento (reforma tributaria) que propone el Gobierno colombiano afectaría directamente el costo de la gasolina y el diésel.
La nueva reforma tributaria que propone el Gobierno Nacional busca recaudar $12 billones mediante varios ajustes, entre ellos un notable incremento en el impuesto al carbono. Este gravamen tiene como objetivo reducir el consumo de combustibles fósiles, como gasolina y diésel, desincentivando su uso a largo plazo mediante una tarifa de 1,59 UVT por tonelada de CO2 equivalente (C02eq).
Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes, advirtió que este incremento se aplicaría a combustibles como la gasolina, el ACPM y el gas natural. De acuerdo con la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles (Comce), la reforma provocará un aumento de $425,29 por galón de gasolina y $488,17 en el caso del ACPM, lo que elevará sus precios un 2,5 y 2,6 veces respectivamente.
Esto significaría que el galón de gasolina podría subir de $15.881 a $16.306, y el diésel de $9.711 a $10.199. A largo plazo, los incrementos podrían ser aún mayores debido a una subida anual del 1% en el impuesto, lo que llevaría la gasolina a $951,17 y el diésel a $1.089,18 por galón.
Los más afectados
Las ciudades que enfrentarían los mayores aumentos en el precio del galón de gasolina serían Tunja ($16.554), Villavicencio ($16.510), Neiva ($16.432) y Cali ($16.420). Para el diésel, las ciudades con los costos más altos serían Cali y Popayán, con $10.380, seguidas de Tunja y Villavicencio ($10.345).
El impacto en los camioneros también sería significativo, ya que el ACPM no solo aumentaría con esta reforma, sino que ya ha visto alzas recientes debido a la política del gobierno, lo que provocó protestas del gremio transportador.
El Ministerio de Hacienda estima que el aumento del impuesto al carbono podría generar ingresos por $1,3 billones para 2025, aunque esta cifra caería a $938.000 millones en 2026. Se espera que para 2030 el recaudo ascienda a $1,36 billones, contribuyendo marginalmente al crecimiento del PIB, con una proyección de un aumento del 0,05% para 2025.
Y es que, aunque el objetivo ambiental de la medida es claro, los costos para los consumidores parecen desproporcionados. Incrementar el precio del combustible podría tener efectos negativos en el bolsillo de los colombianos, agravando la ya delicada situación económica de muchos sectores. La medida parece imponer una carga adicional a quienes dependen de los combustibles fósiles para su subsistencia diaria.
Paola Reyes Bohórquez.