Millones de fotomultas quedarían sin efecto en Colombia. Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla están en la mira por no cumplir la ley. Si usted ya pagó, le podrían devolver su dinero.
Más de 5,8 millones de comparendos por fotomultas perderían validez en Colombia tras una investigación de la Superintendencia de Transporte. Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla aparecen entre las ciudades más comprometidas por presuntas irregularidades en los sistemas de detección electrónica.
La Superintendencia de Transporte abrió una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito del país por posibles fallas e incumplimientos legales en la operación de cámaras de fotodetección, conocidas popularmente como fotomultas. El caso podría convertirse en uno de los mayores reveses para los sistemas automáticos de tránsito en Colombia, ya que millones de comparendos tendrían que ser anulados y cientos de miles de ciudadanos podrían reclamar devoluciones de dinero.
Según informó el Ministerio de Transporte, las irregularidades están relacionadas con el incumplimiento de requisitos técnicos exigidos por la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718. La principal falla detectada fue la ausencia del llamado “concepto de desempeño” expedido por el Instituto Nacional de Metrología, documento obligatorio para certificar que las cámaras funcionan correctamente y garantizan procesos legales confiables.
¿Cámaras ilegales?
La investigación reveló tres escenarios preocupantes. Y es que 12 organismos de tránsito habrían puesto en funcionamiento cámaras sin contar con el concepto técnico requerido. Otros siete utilizaron conceptos expedidos a terceros y 18 más obtuvieron esos certificados después de haber iniciado operaciones. Para el Gobierno, estas situaciones comprometen la legalidad de millones de sanciones impuestas a conductores en todo el país.
Entre las ciudades involucradas aparecen autoridades de tránsito de Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Villavicencio, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otras.
El impacto económico del caso es enorme. La Superintendencia encontró que los organismos investigados emitieron más de 7,5 millones de comparendos mediante estos sistemas tecnológicos. De ese total, 1.582.398 multas ya fueron pagadas por ciudadanos y representan recaudos superiores a $1,05 billones.
Devolución de dinero
Ahora, las entidades podrían verse obligadas a devolver esos recursos y además enfrentar sanciones económicas equivalentes al doble del dinero recaudado, lo que elevaría el impacto financiero por encima de los $2,1 billones, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2251 de 2022.
Las cifras más altas de comparendos investigados corresponden a Cali, con cerca de 2,7 millones de fotomultas; Medellín, y sus más de 717.000; Bogotá, tiene alrededor de 294.000, y Barranquilla, con más de 131.000 sanciones registradas dentro del proceso.
María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, aseguró que el Gobierno busca proteger los derechos de los ciudadanos y evitar que las fotomultas se conviertan en un mecanismo de recaudo sin garantías legales. “Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley”.
Que cumplan la ley
Por su parte, el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, aclaró que la investigación no busca eliminar los sistemas de control vial, sino garantizar que operen conforme a la ley. “No estamos actuando contra la seguridad vial. Estamos actuando contra posibles irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana”, señaló.
Como resultado de este proceso, 5.832.906 comparendos quedarían sin efecto y deberán ser revocados de oficio por las autoridades correspondientes. Esto beneficiaría a más de 1,4 millones de ciudadanos en todo el país, muchos de ellos afectados durante años por sanciones que ahora están bajo cuestionamiento.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el uso de las fotomultas en Colombia. Mientras algunos sectores defienden estos sistemas como herramientas clave para reducir accidentes y controlar excesos de velocidad, otros consideran que en varias ciudades terminaron funcionando principalmente como mecanismos de recaudo.
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Paola Reyes Bohórquez.
