Un proyecto de ley que avanza en el Congreso propone crear un nuevo seguro obligatorio, además del SOAT, ligado a la licencia de conducción. La iniciativa ha generado debate.
Una nueva propuesta legislativa relacionada con los conductores colombianos comenzó a generar debate en el Congreso y en las redes sociales. Se trata de un artículo incorporado en el proyecto de ley 277 de 2025. Este, plantea la creación de un Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil Extracontractual asociado directamente a la licencia de conducción y no al vehículo, como ocurre con otras coberturas que ya existen.
La medida busca modificar el artículo 42A de la Ley 769 de 2002. El objetivo es que toda persona con licencia de conducir vehículos particulares cuente con una póliza destinada a cubrir los daños materiales ocasionados a terceros durante un accidente de tránsito. Según el texto de la iniciativa, el propósito es garantizar un “respaldo patrimonial mínimo frente a los daños materiales causados a terceros con ocasión de accidentes de tránsito”.
De aprobarse, el seguro tendría como tomador al titular de la licencia de conducción. En tal sentido, debería ser expedido por una compañía aseguradora autorizada para operar en Colombia. La propuesta es independiente del SOAT, que actualmente cubre gastos médicos, lesiones y fallecimientos derivados de accidentes de tránsito, pero no los daños materiales ocasionados a terceros.
Cobertura según licencia
El proyecto establece coberturas mínimas dependiendo de la categoría de la licencia. Para conductores de automotores particulares con licencias B1, B2 y B3, el valor asegurado sería equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el caso de los motociclistas con licencias A1 y A2, la cobertura mínima correspondería a siete salarios mínimos.
Igualmente, el articulado señala que las aseguradoras podrán fijar el valor de la prima anual, aunque esta “no podrá exceder el 0,5 % del valor asegurado mínimo”. También aclara que quienes estén habilitados para conducir varias categorías solo necesitarán una póliza, siempre que cubra el monto más alto exigido por la norma.
Uno de los puntos que ha pasado desapercibido en medio de la discusión es que el proyecto contempla excepciones. La obligación no aplicaría para los conductores que ya cuenten con una póliza vigente de responsabilidad civil extracontractual que cubra daños materiales a terceros por un valor igual o superior al exigido por la ley. Incluso, el texto especifica que esta condición también podrá cumplirse mediante seguros asociados al vehículo que se conduce.
Más plata para conducir
En caso de convertirse en ley, tanto este nuevo seguro como las pólizas equivalentes deberán quedar registradas en el Registro Nacional de Seguros del Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, permitiendo a las autoridades verificar su vigencia durante controles y procedimientos de tránsito.
La controversia tomó fuerza después de que el congresista electo Daniel Briceño denunciara públicamente la inclusión del artículo dentro del proyecto de ley. A través de un video difundido en redes sociales, el dirigente calificó la propuesta como un “mico” y advirtió que podría representar un nuevo costo para millones de conductores colombianos.
Briceño también recordó que, según cifras del RUNT, cerca de 13 millones de ciudadanos cuentan actualmente con licencias de conducción activas, por lo que el alcance de la medida sería masivo si finalmente supera el trámite legislativo. Así mismo, cuestionó la viabilidad de las primas planteadas inicialmente y expresó preocupación por posibles incrementos futuros en los costos del seguro.
No ha sido aprobada
Por ahora, la propuesta continúa su curso en el Congreso. El proyecto incluye un parágrafo transitorio que establece que la exigencia del seguro comenzaría seis meses después de la promulgación de la ley, en caso de ser aprobada y sancionada por el Gobierno Nacional.
La iniciativa también contempla que el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los Centros de Enseñanza Automovilística y los Centros Integrales de Atención desarrollen programas de capacitación para explicar el alcance y funcionamiento de esta nueva cobertura.
Mientras avanza el debate, la discusión gira entre quienes consideran que la medida fortalecería la protección patrimonial de las víctimas de accidentes y quienes advierten que podría convertirse en una nueva carga económica para millones de conductores en el país.
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Paola Reyes Bohórquez.
