La reforma energética iniciará primero en ciudades capitales. Serán las primeras en sentir el impacto del fin del subsidio al diésel para vehículos particulares, oficiales y diplomáticos.
El Ministerio de Minas y Energía, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, presentó un proyecto de decreto que marca el inicio del desmonte del subsidio al diésel en Colombia. La medida, que está en etapa de comentarios hasta el próximo 2 de agosto, se implementará inicialmente en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
Es de anotar que estas urbes concentran el 72 % del parque vehicular objetivo y el 37 % del consumo de diésel subsidiado para automóviles, camionetas, camperos y cuatrimotos de uso particular, oficial y diplomático.
Estas cinco capitales no fueron elegidas al azar. Representan los mayores centros urbanos del país, con un alto índice de vehículos particulares y un consumo significativo de ACPM en segmentos que, según el Gobierno, no deberían estar recibiendo recursos públicos destinados al subsidio.
Lo que cambiará en estas ciudades
De aprobarse el decreto, los vehículos particulares que utilicen diésel dejarán de recibir el beneficio del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Fepc, lo que implicará una nivelación del precio con el mercado internacional.
En la práctica, lo anterior significará un aumento del galón de diésel, actualmente subsidiado, que pasaría de $10.585 COP a cerca de $15.000 COP, según estimaciones recientes del Ministerio de Hacienda. Así las cosas, las estaciones de servicio en estas cinco ciudades deberán adaptar sus sistemas para diferenciar entre vehículos de carga, transporte público y aquellos que ya no tendrán derecho al subsidio.
Sin embargo, gremios del sector han advertido que aún no existe la tecnología necesaria ni acuerdos claros para implementar estos cobros de forma diferenciada. “No hay forma de saber si una camioneta consume diésel como particular o como carga, lo que puede abrir la puerta a trampas y a una aplicación injusta de la norma”, declaró a El Colombiano un representante de Fedispetrol.
¿Por qué empezar en estas urbes?
El argumento principal para iniciar en estas ciudades es económico, ya que estas representan la mayor carga fiscal asociada a este subsidio. Solo en 2024, el subsidio al diésel y la gasolina implicó una carga cercana a $10,6 billones, de los cuales un porcentaje importante se dirigió a consumidores de altos ingresos en estas áreas metropolitanas.
Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el subsidio actual es “altamente regresivo”, ya que los hogares más ricos reciben hasta 10 veces más apoyo del Estado que los hogares más pobres. De ahí que el ahorro estimado con esta medida ascienda a $386.000 millones anuales, recursos que serían redirigidos hacia programas sociales y energéticos para sectores vulnerables.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, fue claro en su postura: “No tiene ningún sentido que el Presupuesto General de la Nación, que es el dinero del pueblo, de la gente más pobre, se utilice para subsidiar camionetas de cuatro puertas y vehículos lujosos. Esta medida empezará en las capitales, en 13 ciudades, e iremos avanzando gradualmente”.
Afectación en el transporte
Además de las cinco grandes capitales, el decreto contempla una aplicación paulatina en otras ocho ciudades, aunque aún no se ha definido el cronograma. La prioridad es iniciar en las urbes con más concentración vehicular y mayor consumo de ACPM de uso particular.
El caso de Bogotá, donde circulan más de 2 millones de vehículos, la Alcaldía ha evitado pronunciarse oficialmente. No obstante, algunos sectores del transporte han manifestado preocupación por el posible efecto dominó que el aumento del diésel pueda tener en los precios de bienes y servicios. En Medellín, el Área Metropolitana estima que más de 90.000 vehículos particulares podrían verse impactados.
En Cali, asociaciones de estaciones de servicio han advertido que no están preparadas para aplicar el nuevo sistema de cobros diferenciados. Por su parte, en Barranquilla y Bucaramanga sectores económicos alertan sobre la posibilidad de que los precios del transporte particular suban, afectando a la clase media que depende del carro particular para desplazarse.
Desde el punto de vista ambiental, el ajuste podría tener un efecto positivo. Expertos de la Universidad Nacional y de organizaciones como WWF han señalado que el uso intensivo de diésel en zonas urbanas es uno de los mayores generadores de partículas contaminantes. En ciudades como Bogotá y Medellín, esto se traduce en picos críticos de calidad del aire.
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Paola Reyes Bohórquez.
