Los distribuidores minoristas de combustibles en Colombia advirtieron que el Decreto 1428 de 2025 sobre el ACPM necesita una reglamentación clara.
El reciente Decreto 1428 de 2025, con el que el Gobierno Nacional estableció un mecanismo diferencial de estabilización de precios del diésel, ACPM, encendió las alertas entre los distribuidores minoristas de combustibles líquidos en Colombia. Aunque el gremio reiteró su respaldo a las decisiones de política pública y su compromiso con la legalidad y la transparencia, advirtió que la medida solo podrá aplicarse de forma adecuada si cuenta con una reglamentación clara, oportuna y de alcance nacional.
Los distribuidores recordaron que las estaciones de servicio son agentes regulados, responsables de garantizar la prestación continua y segura del servicio público de distribución de combustibles en todo el país. Esto cobra especial relevancia en un contexto donde el diésel sigue siendo un insumo clave para la movilidad, la economía regional y el transporte de carga y pasajeros, sectores que mueven buena parte de la actividad productiva nacional.
De acuerdo con lo explicado por el Gobierno en su comunicación oficial, el mecanismo diferencial establecido en el Decreto 1428 aplica para vehículos de servicio particular, diplomático y oficial, mientras que el transporte público de carga y de pasajeros queda exento, como parte de la focalización del subsidio. Sin embargo, el gremio señaló que esta diferenciación requiere definiciones técnicas muy precisas para evitar interpretaciones erróneas en los puntos de venta.
Dilema de estaciones de servicio
En un pronunciamiento público, el vocero nacional de los distribuidores minoristas, David Jiménez Mejía, fue enfático al aclarar el rol de las estaciones de servicio dentro de la cadena. “Las estaciones de servicio no fijan precios, no definen subsidios ni son beneficiarias de ellos. Somos agentes regulados que aplicamos estrictamente los precios, márgenes y condiciones establecidos por el Gobierno Nacional”, afirmó. En ese sentido, pidió evitar confusiones que puedan trasladar a las estaciones responsabilidades que no les corresponden.
Uno de los principales llamados de atención del gremio tiene que ver con la implementación gradual que contempla el decreto. Al tratarse de un mecanismo focalizado y sujeto a una reglamentación posterior por parte del Ministerio de Minas y Energía, los distribuidores consideran indispensable que esa reglamentación sea técnicamente viable y se comunique de forma clara tanto a los operadores como a los usuarios finales.
Según el gremio, la falta de reglas precisas podría generar confusión entre los consumidores, dificultades operativas en las estaciones y, además, distorsiones en la competencia. Advirtieron que si la medida no se aplica de manera homogénea en todo el territorio nacional, podrían presentarse diferencias de precios entre municipios que incentiven el desplazamiento de usuarios hacia zonas donde el ACPM resulte más barato, afectando el equilibrio del mercado y la libre competencia.
Más preocupaciones
Otro punto crítico señalado por los distribuidores es la necesidad de una adecuada articulación institucional y una amplia socialización de la medida. La correcta aplicación del mecanismo diferencial, explicaron, dependerá de la existencia de sistemas eficientes de control, identificación vehicular, vigilancia y fiscalización. No obstante, pidieron que estos mecanismos no trasladen cargas desproporcionadas a las estaciones de servicio ni generen tensiones innecesarias con los consumidores, que suelen dirigir sus reclamos al eslabón más visible de la cadena.
El gremio también puso sobre la mesa el impacto que cualquier ajuste en la política de precios del diésel puede tener sobre la sostenibilidad del servicio. Actualmente, las estaciones de servicio en Colombia operan 24 horas al día, los siete días de la semana, y generan más de 50.000 empleos formales en todo el país. Este segmento, señalaron, es fundamental no solo para garantizar el abastecimiento de combustibles, sino también para sostener economías locales y regionales.
Abiertos al diálogo
Por todo lo anterior, los distribuidores insistieron en que cualquier cambio en el esquema de precios del ACPM debe considerar la estabilidad operativa y financiera de las estaciones de servicio. Esto, con el fin de no poner en riesgo la continuidad del servicio público de distribución de combustibles, especialmente en zonas apartadas donde estas estaciones cumplen un rol estratégico.
Finalmente, el gremio reiteró su disposición al diálogo técnico e institucional con los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía. “Estamos listos para aportar nuestra experiencia y conocimiento del territorio para que la implementación del mecanismo diferencial sea ordenada, transparente y segura”, señaló Jiménez Mejía. El vocero gremial también aclaró que el decreto no entrará en vigencia de manera inmediata, sino únicamente cuando el Ministerio de Minas y Energía expida la reglamentación que definirá cómo se aplicará el nuevo esquema.
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Paola Reyes Bohórquez.
