El Tribunal Administrativo de Cundinamarca frenó sanciones arbitrarias contra apps de transporte. Ahora, ni conductores ni usuarios pueden ser penalizados sin un marco regulatorio claro.
En una sentencia que podría cambiar el rumbo del transporte digital en Colombia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictaminó que bloquear la operación de plataformas como Uber, DiDi y Cabify “violaría el principio de neutralidad tecnológica”.
Esta decisión pone freno a los intentos de taxistas de prohibir estas aplicaciones mediante acciones populares. Así mismo, subraya que su simple operación, aunque aún no esté formalmente reglamentada, no constituye ilegalidad. Pero ¿qué sucederá ahora?
El tribunal destacó que la ausencia de un marco legal específico no basta para justificar sanciones o bloqueos. Igualmente, exhortó al Estado, especialmente al Ministerio de Transporte, a crear una regulación “moderna, integral y justa” que contemple las características del Transporte Privado Intermediado por Plataformas (TPIP).
Movilidad flexible
La resolución también advierte la necesidad de no estigmatizar estas plataformas. También, reconoce su papel en brindar opciones flexibles de movilidad y en generar ingresos para cientos de miles de trabajadores digitales en ciudades como Bogotá y Medellín.
Este fallo se alinea con decisiones anteriores del alto tribunal en el país. La Corte Constitucional ya había señalado que sancionar a conductores de apps de transporte en ausencia de una regulación vulnera derechos como el trabajo y la libertad económica.
En Ecuador, por ejemplo, un fallo similar en 2024 anuló sanciones desproporcionadas contra conductores de plataformas como Uber y DiDi, indicando que “no se puede sancionar algo que no está regulado”. Para el caso de Colombia, la situación ha sido tensa desde la llegada de Uber en 2015.
A pesar de estar considerado ilegal por el Gobierno por operar sin regulación, la aplicación fue clave en popularizar el modelo TPIP. Esto generó debates acalorados y enfrentamientos con taxistas tradicionales. Los intentos legales para frenar su operación incluyeron fallos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y bloqueos técnicos. Lo anterior,, haciendo la salvedad de que los servicios continuaron operando bajo una modalidad de “alquiler con conductor”.
Millones de usuarios
El contexto de esta sentencia y la nueva ley se enmarca en un mercado de transporte que mueve miles de millones de pesos anuales en Colombia. Según un reporte de 2024 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), se realizan aproximadamente 2.5 millones de viajes diarios a través de estas plataformas en el país, generando empleo directo para más de 300.000 conductores.
Por lo anterior, la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca representa una victoria significativa para las plataformas digitales. Legaliza su operación en la práctica y pone de relieve que deben ser reguladas, más no perseguidas. Al mismo tiempo, no expande su estatus legal automáticamente, pero marca un paso decisivo hacia una regulación inclusiva y equitativa que proteja tanto a usuarios como a conductores.
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Paola Reyes Bohórquez.
