Mediante una medida jurisprudencial, el abogado Joaquín Torres quiere frenar las ventas de carros cero kilómetros hasta comprobar que los Pico y Placa han sido efectivos para reducir la contaminación.
El abogado bogotano Joaquín Torres, con residencia en Cartagena, planea radicar una acción de tutela con el objetivo de solicitar que no se otorguen matriculas a los carros nuevos en todo el territorio nacional, hasta que demuestre con estudios serios que las medidas de pico y placa en los centros urbanos han logrado reducir la contaminación generada por los vehículos.
La medida fue dirigida a los ministerios de Transporte, Salud y Ambiente, gobernaciones, alcaldías y Corporaciones Autónomas Regionales. Sus efectos golpearían las matrículas de autos de pasajeros, motocicletas y comerciales, excepto unidades ingresadas mediante chatarrización.
Por la salud de los niños
Para justificar su tutela, el abogado Torres argumentó que “en Colombia hay tantos niños que están expuestos diariamente a contaminación ambiental evidente y ruidos totalmente nefastos para la salud, por lo que buscamos la protección a la vida, salud y derecho al cuidado de la niñez, que hoy sufren por este grave problema de contaminación ambiental y auditiva generado por los miles de vehículos que circulan diariamente por las vías, avenidas y calles del territorio colombiano”.
Sin citar una fuente específica, el jurista afirmó que cerca del 70% del parque automotor nacional no cumple con la revisión técnico-mecánica.
Esta acción de tutela, si bien muestra un propósito loable, puede resultar absurda pues los vehículos nuevos ofrecen tecnologías que disminuyen la contaminación. Lo que realmente se necesita es establecer políticas que incentiven la renovación de los automotores y permitan la facilidad de adquirir unidades que utilicen energías alternativas, principalmente en el área de transporte de carga y pasajeros.
¿Y si la aceptaran?
Si dicha tutela fuera aceptada y fallada a favor del demandante, causaría efectos nefastos en el empleo y los ingresos operacionales del sector automotor, concesionarios de carros nuevos y en cierta medida, los agentes encargados de los tramites de matriculación.
Se beneficiarían los concesionarios de automóviles usados aumentando el precio de retoma por el súbito incremento de su demanda, principalmente en modelos recientes, también de los comerciantes de repuestos y los talleres. Pero la contaminación en las ciudades no disminuiría, el ruido aumentaría, los embotellamientos empeorarían por los carros varados, y habría más muertos y heridos por accidentes de tránsito.
Un ambiente sano es un derecho de todos, pero no puede darse a expensas de detener y afectar toda una industria que aporta en gran medida a la economía nacional.
Lea también: Pico y Placa – ¿A los gobiernos locales les quedó grande la movilidad urbana?
Fabián Rojas Castañeda.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD