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El Decreto 050, emitido para congelar las tarifas de peajes como medida contra la inflación, continúa desatando preocupaciones legales y financieras.
El Decreto 050, que congeló las tarifas de peaje en Colombia desde el 15 de enero de 2023, inicialmente destinado a aliviar la carga económica de los ciudadanos, ha desencadenado un complejo dilema legal y financiero.
Una investigación del centro de estudios económicos Fedesarrollo revela que esta medida podría generar una contingencia fiscal de $13,8 billones para el año 2040. Planteando así desafíos significativos para el Gobierno, las concesiones viales y la sociedad en general.
Según Miguel Castro, socio de Rincón Castro Abogados, el congelamiento de las tarifas afectó las finanzas de los concesionarios. “El Decreto impidió que los concesionarios actualizaran las tarifas según lo estipulado en sus contratos, generando un estado financiero precario para muchas concesiones”.
El impacto del congelamiento
La ley colombiana establece que los recursos recaudados por peajes deben utilizarse para pagar las inversiones de los concesionarios. Así, cualquier cambio en las reglas contractuales genera responsabilidades.
El impacto es aún más crítico para los contratos de Asociación Público Privada (APPs). Ahí donde los concesionarios solo reciben pagos al completar las obras. En tal sentido, el congelamiento afectó los modelos financieros proyectados, obligando a algunas concesiones a asumir sobrecostos y afectando los ingresos previstos.
Aunque el Gobierno ha presentado un nuevo decreto para reactivar las actualizaciones de tarifas. Todavía hay incertidumbre sobre cuándo se pagarán las compensaciones y si los aumentos iniciarán este año para evitar acumulaciones con las programadas en enero de 2024.
Castro advierte sobre la falta de claridad. “La posibilidad de dos aumentos consecutivos podría generar malestar social significativo”.
Es de anotar que, expertos consideran que el Gobierno enfrenta el desafío de equilibrar la carga económica ciudadana con la viabilidad de proyectos de infraestructura y la prevención de contingencias fiscales a largo plazo.
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Paola Reyes Bohórquez. Fuente: Rincón Castro.
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