La venta masiva de ciclomotores sin regulación está fuera de control y representa un riesgo grave para la seguridad vial y la movilidad urbana, así lo aseguró la Andi.
En Colombia, los ciclomotores ilegales han pasado de ser una rareza a una amenaza latente. La Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi emitió una advertencia urgente sobre el crecimiento desbordado de estos vehículos, que circulan libremente por las calles sin matrícula, sin SOAT, sin licencia y sin cumplir las condiciones mínimas de seguridad establecidas por la ley.
Este fenómeno, impulsado por la falta de control estatal y la comercialización engañosa, pone en jaque la movilidad sostenible, afecta directamente a la seguridad vial e incrementa la confusión entre consumidores que desconocen las verdaderas implicaciones legales de manejar uno de estos vehículos.
De acuerdo con la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi, la proliferación de ciclomotores ilegales está directamente relacionada con la debilidad de los mecanismos de control y vigilancia. Estos vehículos se venden sin los requisitos mínimos exigidos por la ley, y muchas veces son ofrecidos en puntos no autorizados como droguerías o almacenes no especializados, donde el comprador no recibe ninguna orientación sobre normativas, seguridad ni elementos de protección.
Un problema sin freno
Lo más grave es la promoción engañosa que acompaña estas ventas. En varios casos, se afirma que estos vehículos no necesitan matrícula, revisión técnico-mecánica, ni licencia para conducir, y que pueden circular libremente por ciclorutas, andenes y zonas peatonales. Esto ha generado un uso irresponsable que afecta a peatones, ciclistas y a los propios usuarios de los ciclomotores.
Iván García, director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi, expresó: “estamos viendo una migración masiva hacia la informalidad. No se trata solo de una competencia desleal contra los comercializadores legales, sino de una amenaza real para la seguridad vial en Colombia”.
La problemática ha sido confirmada con datos contundentes. Entre 2022 y 2024, el registro de ciclomotores en el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito) cayó un 51%. Al mismo tiempo, las importaciones de vehículos eléctricos promocionados como “bicicletas eléctricas” crecieron más del 700% solo en 2024. Lo anterior evidencia que muchos de estos automotores están entrando al país sin cumplir los requisitos legales y son comercializados como si fueran bicicletas eléctricas, lo cual no es cierto.
No se deje engañar
La Cámara alertó que esta situación genera una profunda confusión entre los consumidores, quienes muchas veces no distinguen entre un ciclomotor y una bicicleta eléctrica. En tal sentido, la Resolución 160 de 2017 del Ministerio de Transporte define claramente las diferencias entre bicicletas eléctricas y ciclomotores:
Bicicleta eléctrica:
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Peso máximo: 35 kg
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Velocidad máxima con asistencia: 25 km/h
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Potencia nominal del motor: hasta 350 W
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Requiere pedaleo asistido y el motor debe desconectarse al dejar de pedalear o superar la velocidad.
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Ciclomotor:
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Potencia: hasta 4.000 W
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Velocidad: superior a 25 km/h
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Puede funcionar solo con acelerador, sin pedaleo.
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Requiere matrícula, Soat, revisión técnico-mecánica y licencia A1.
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Es de anotar que todo ciclomotor de combustión interna o eléctrico adquirido después de la Resolución 160 debe cumplir con los requisitos del registro en el RUNT, matrícula con placa similar a la de las motos, Seguro obligatorio (SOAT), licencia de conducción categoría A1 y revisión técnico-mecánica.
Mula e inmovilización
Hay que decir que el incumplimiento puede acarrear una multa de más de $300.000 pesos. Además, el vehículo puede ser inmovilizado, aunque el conductor puede evitar esto presentando la licencia dentro de 60 minutos, a través de la app del RUNT o permitiendo que lo conduzca alguien con licencia válida.
Para enfrentar esta crisis, la Cámara propuso un paquete de siete medidas urgentes: fortalecer los mecanismos de vigilancia y control, sancionar a los vendedores ilegales, aclarar la normativa a los organismos de tránsito, hacer campañas de educación para los consumidores, actualizar la normativa para clasificar mejor los vehículos de dos ruedas, coordinar con las alcaldías para asegurar el cumplimiento de la ley y revisar y ajustar la reglamentación específica en Bogotá.
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Paola Reyes Bohórquez.
