La posible eliminación del Pico y Placa en Colombia gana impulso con una nueva propuesta legislativa.
En Colombia, el Pico y Placa es una de las medidas más utilizadas para reducir la congestión vehicular en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Sin embargo, un nuevo proyecto de ley, radicado en el Senado, busca introducir cambios significativos a esta normativa, especialmente para beneficiar a las personas con discapacidad.
Así las cosas, el proyecto de ley 335 de 2024, liderado por la senadora Ana Carolina Espitia Jerez del Partido Verde, propone eximir del Pico y Placa a los vehículos que transporten o sean conducidos por personas con discapacidad. La iniciativa tiene como objetivo principal «eliminar las barreras», garantizando el derecho a la movilidad sin restricciones.
El proyecto busca modificar el numeral sexto del artículo 15 de la Ley 1618 de 2013, que actualmente establece las condiciones para que los automotores adaptados para personas con movilidad reducida estén exentos de las restricciones vehiculares. Según la senadora Espitia, la medida eliminará requisitos innecesarios que dificultan el acceso a la exención.
Los ajustes que propone el proyecto
Además, el proyecto establece que el Ministerio de Transporte deberá elaborar una reglamentación clara y accesible en un plazo máximo de 60 días tras la entrada en vigencia de la ley. Esta normativa deberá simplificar los trámites y fomentar la participación de organizaciones civiles y personas con discapacidad en su elaboración.
De acuerdo con el proyecto, quedarían exentos del Pico y Placa los vehículos que transporten de manera habitual a personas con discapacidad. Para acceder a este beneficio, los vehículos deberán estar registrados en el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) y en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
El proyecto también contempla la creación de un mecanismo de interoperabilidad entre ambos registros, que deberá estar en funcionamiento dentro del primer año tras la aprobación de la ley. Este sistema garantizará una identificación eficiente y segura de los beneficiarios, simplificando los procesos administrativos entre ciudades.
Actualmente, el proyecto se encuentra radicado en la Secretaría del Senado y comenzará su discusión en la Comisión Sexta. Para convertirse en ley, deberá superar varias etapas, incluyendo la aprobación en ambas cámaras del Congreso. De ser aprobada esta legislación el Ministerio de Transporte tendrá 60 días para emitir una nueva reglamentación, mientras que las entidades locales dispondrán de un plazo máximo de tres meses para actualizar sus normativas.
Paola Reyes Bohórquez.
