El crecimiento sostenido del parque automotor de carros eléctricos en Colombia comienza a tensionar la infraestructura eléctrica de edificios y conjuntos residenciales.
La transición hacia la movilidad eléctrica en Colombia avanza con fuerza comercial. Lo que hace pocos años era una apuesta ambiental incipiente, hoy se traduce en cifras concretas de ventas y mayor presencia de carros eléctricos en calles y parqueaderos privados. Sin embargo, este crecimiento está revelando un desafío técnico poco visible: la capacidad de las redes eléctricas en unidades residenciales.
De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, en 2025 se comercializaron cerca de 254.000 vehículos en el país, de los cuales aproximadamente 19.000 fueron eléctricos. Aunque la participación aún representa una fracción del total del mercado automotor, el ritmo de expansión es significativo y suficiente para comenzar a generar presión sobre la infraestructura de carga disponible.
La llegada de nuevos fabricantes y modelos eléctricos ha impulsado la demanda, pero el debate ya no se centra únicamente en la oferta de automóviles. El verdadero desafío es garantizar que la infraestructura eléctrica crezca al mismo ritmo que el parque automotor. En el caso de los conjuntos residenciales, el cuello de botella es evidente.
Preocupación en conjuntos residenciales
En teoría, cada propietario tiene la posibilidad de instalar su propio cargador en el parqueadero. En la práctica, la acometida eléctrica del edificio y el transformador que abastece el conjunto son bienes comunes con capacidad limitada. Estos componentes no se expanden automáticamente con cada nueva compra de vehículo eléctrico.
A medida que más residentes adquieren carros eléctricos, las administraciones reciben solicitudes masivas para autorizar puntos de carga individuales. La situación, según expertos del sector energético, puede convertirse en un problema estructural si no existe planeación colectiva. La suma de decisiones individuales puede comprometer la operación de la red interna del edificio, especialmente si varios vehículos se cargan simultáneamente en horarios de alta demanda.
El límite físico es claro: el transformador es compartido. Si la capacidad instalada no se amplía mediante inversiones en subestaciones o en equipos de mayor potencia, llegará un momento en que técnicamente no será posible conectar más cargadores sin afectar la estabilidad del sistema. En ese escenario, podría generarse un conflicto entre copropietarios sobre el acceso a la energía disponible.
Definición de reglas
Especialistas comparan la situación con un recurso común limitado, cuando la demanda supera la capacidad, se hace necesario definir reglas de uso. De no existir una gestión coordinada, podrían presentarse caídas de tensión, disparos de protecciones eléctricas o daños en equipos.
Existen soluciones tecnológicas de balanceo de carga que permiten distribuir la potencia disponible entre varios puntos de carga de manera inteligente, evitando picos simultáneos. No obstante, estos sistemas requieren que los cargadores estén integrados bajo una misma plataforma de gestión. Cuando cada propietario instala un equipo independiente y sin coordinación centralizada, implementar un esquema de control conjunto se vuelve más complejo y costoso.
En este contexto, algunos proponen la creación de estaciones de carga comunitarias dentro de los conjuntos residenciales. Este modelo permitiría concentrar la gestión técnica en un solo sistema, optimizar el uso de la capacidad eléctrica instalada y planificar ampliaciones futuras de manera ordenada. Así mismo, facilitaría la aplicación de tarifas internas o sistemas de medición individual sin comprometer la estabilidad de la red común.
Paola Reyes Bohórquez. Con información de El Colombiano.
