El Ministerio de Transporte frenó por tres meses los CALE: el esquema que encarecería la licencia de conducción en Colombia.
La entrada en funcionamiento de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación, CALE, que iban a cambiar la forma en que los colombianos presentan los exámenes para obtener o recategorizar su licencia de conducción, quedó en pausa.
El Ministerio de Transporte tomó la decisión mediante la Circular 0317 del 28 de agosto de 2026, apenas 17 días antes de que el nuevo esquema fuera exigible. La suspensión tendrá una duración inicial de tres meses, periodo durante el cual la entidad revisará la estructura de los centros, la legalidad del contrato suscrito con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, y los costos que tendría para los ciudadanos.
La medida no elimina los CALE. La Ley 2251 de 2022, que ordenó separar la evaluación de la formación impartida por las escuelas de conducción, continúa vigente. Lo que queda congelado es el modelo diseñado para poner en marcha esa obligación.
Polémico contrato
El origen de la controversia está en el contrato interadministrativo firmado el 31 de diciembre de 2025 entre el Ministerio de Transporte y la UNAD. El acuerdo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2045 y convirtió a la universidad en el operador encargado de implementar, poner en funcionamiento, administrar y operar los CALE a nivel nacional.
Aunque el contrato aparece registrado con un valor de cero pesos, esto no significa que el esquema no tenga movimiento económico. El acuerdo establece que no genera pagos ni transferencias presupuestales del Ministerio a la universidad. La remuneración de la UNAD proviene de las tarifas que pagan los aspirantes por los exámenes teórico y práctico.
De acuerdo con el propio Ministerio, el modelo podría mover cerca de $20 billones durante las próximas dos décadas. La magnitud se entiende mejor al considerar que entre 2022 y 2024 Colombia expidió, en promedio, 1.098.491 licencias anuales por primera vez y recategorización, según las cifras del RUNT utilizadas en los estudios previos.
UNAD como única operadora
El proceso comenzó en 2025 con la manifestación de interés de 10 instituciones: Escolme, Unisabaneta, Sueje, Universidad Francisco de Paula Santander, Universidad Nacional, Universidad Surcolombiana, Institución Universitaria de Envigado, Universidad Militar Nueva Granada, UPTC y UNAD.
Así, el Ministerio fue descartando las propuestas por distintos motivos. Escolme y Unisabaneta eran instituciones privadas, mientras que Sueje no correspondía a una institución de educación superior. Otras universidades no alcanzaron el requisito de cobertura nacional establecido para el esquema.
La UNAD terminó como única seleccionada al acreditar una red de 73 sedes y presencia en 29 de los 32 departamentos. La universidad ha defendido que su infraestructura permite cubrir cerca del 98 % del territorio nacional. Pero, el proceso generó reclamaciones. La Universidad Nacional solicitó ampliar el plazo para estructurar su propuesta, petición que fue negada. Posteriormente, la Universidad Surcolombiana anunció acciones judiciales para cuestionar la adjudicación y pedir que el modelo se abriera a otras instituciones públicas.
Licencia más cara
Otro de los puntos que puso el modelo bajo la lupa es el impacto sobre el bolsillo de quienes necesitan obtener una licencia. El Ministerio calcula que el costo total de la licencia podría pasar de unos $1,4 millones a $2,2 millones, es decir, hasta $800.000 adicionales. La razón está en los nuevos exámenes y en los cobros asociados al RUNT, el Sistema de Control y Vigilancia, SICOV, el Fondo Nacional de Seguridad Vial y otros conceptos.
Las tarifas de los exámenes fueron expresadas en Unidades de Valor Básico (UVB). El examen teórico quedó establecido en 9,40 UVB, mientras que el práctico tiene diferentes rangos dependiendo de la categoría. Con el valor de la UVB utilizado por el Ministerio para 2025, el examen teórico equivalía a $108.589, mientras que la prueba práctica para una licencia B1 podía ubicarse entre $502.512 y $582.221.
Además, el modelo trasladaba buena parte del riesgo financiero a la UNAD. La matriz de riesgos contempla que la universidad asuma aspectos como sostenibilidad, infraestructura, cobertura y eventuales caídas en la demanda.
Revisión del gobierno
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, justificó la suspensión señalando que el objetivo es mejorar la seguridad vial sin imponer costos adicionales que no estén suficientemente sustentados. “Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías”, afirmó la funcionaria. También sostuvo que el Gobierno no trasladará nuevos costos a los ciudadanos sin comprobar que sean necesarios y que produzcan resultados.
En tal sentido, la discusión va más allá del precio. Los CALE fueron concebidos para que una institución independiente de las escuelas de conducción determine si el aspirante realmente sabe manejar. La Ley 2251 estableció precisamente que los exámenes teórico y práctico sean realizados por instituciones de educación superior públicas con cobertura nacional.
Ahora el Ministerio tiene tres meses para revisar el esquema, mientras los conductores deberán esperar para conocer si los CALE regresarán bajo las condiciones actuales, con modificaciones o con un modelo diferente.
Paola Reyes Bohórquez. Con información de El Tiempo.
