Bogotá podría contar con un cuerpo especializado de agentes de Policía dedicados exclusivamente a las ciclorrutas. Esto, en medio del debate sobre la circulación de vehículos eléctricos livianos.
Bogotá se prepara para dar un paso inédito en la regulación de su red de ciclorrutas. Y es que se crearía un grupo de Policía de Tránsito especializado y destinado exclusivamente a vigilar, controlar y sancionar las infracciones que se cometen en estos corredores.
La propuesta surge de un proyecto de Acuerdo presentado en el Concejo por su vicepresidente, Juan David Quintero, quien insiste en que la capital enfrenta un uso indebido de estas vías por parte de ciclomotores, tricimotos, bicitaxis y motocicletas eléctricas que ponen en riesgo la seguridad de ciclistas y peatones.
El proyecto plantea que los agentes no solo regulen el tránsito, sino que también tengan la potestad de imponer comparendos a quienes incumplan las normas. “El fortalecimiento institucional para el control de las ciclorrutas no es una opción, es una necesidad urgente. Queremos una ciudad que proteja a quienes apuestan por la movilidad sostenible”, aseguró Quintero al radicar la iniciativa.
Ley polémica
La propuesta refuerza la decisión adoptada en julio de 2024 por la Secretaría de Movilidad de instalar señalización en 108 puntos críticos de la ciudad para prohibir la circulación de motos eléctricas, ciclomotores y tricimotos por la infraestructura ciclable. Dichas localidades fueron catalogadas como zonas de alto riesgo debido a la frecuencia con la que vehículos no autorizados invadían las ciclorrutas.
En ese momento, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, fue clara: “La reglamentación es precisa: estos vehículos no pueden transitar ni por las ciclorrutas ni por los andenes. Además, deben usar siempre casco y portar documentos como licencia de conducción, SOAT y revisión técnico-mecánica”. La funcionaria también recalcó, en su momento, que la ciudad ha desplegado campañas pedagógicas y operativos para dejar claro que las ciclorrutas son únicamente para bicicletas.
Sin embargo, el panorama se complicó tras la sanción de la Ley 219 de 2024, aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Gustavo Petro, que permite a bicicletas, patinetas y vehículos eléctricos livianos de hasta 1.000 W circular por ciclorrutas y vías urbanas, siempre que respeten las velocidades máximas: 25 km/h en ciclorrutas y 40 km/h en vías compartidas.
La contradicción entre la norma nacional y las decisiones locales de Bogotá abrió un nuevo frente de debate. Mientras el Gobierno central impulsa el uso de vehículos eléctricos livianos como alternativa sostenible, la administración distrital insiste en restringirlos de la infraestructura ciclable para proteger a ciclistas tradicionales y peatones.
Policía de ciclorrutas
El proyecto de Quintero apunta a cerrar esa brecha mediante la creación de un cuerpo especializado de Policía de Tránsito para ciclorrutas, una figura inédita en la capital. Estos agentes tendrían como misión principal velar por la seguridad de los usuarios, gestionar el flujo en horas pico, prevenir accidentes y sancionar de inmediato a quienes incumplan la normatividad.
El debate gira en torno a si este cuerpo policial podrá realmente hacer cumplir las disposiciones locales en un escenario en el que la ley nacional ya permite la circulación de ciertos vehículos eléctricos. Para los defensores, este grupo sería clave para garantizar que los 2.000 km de ciclorrutas proyectados para 2030 en Bogotá se conviertan en espacios seguros y ordenados.
Según cifras de la Encuesta de Movilidad de Bogotá 2023, más de 880.000 viajes diarios se realizan en bicicleta en la ciudad, lo que convierte a la capital en líder latinoamericana en infraestructura ciclable. Sin embargo, los choques y conflictos entre bicicletas, peatones y motos eléctricas han aumentado. Así las cosas, la Secretaría de Movilidad reportó que en 2024 los incidentes en ciclorrutas crecieron un 18 % respecto a 2022.
Bogotá continúa con restricciones
Hay que decir que, aunque la ley ya entró en vigencia y derogó cualquier norma contraria, todavía falta su reglamentación técnica. El Ministerio de Transporte ha señalado que en un plazo máximo de un año deberán definirse las características de seguridad, señalización y normas específicas que aplicarán a estos vehículos eléctricos livianos.
Mientras tanto, Bogotá se mantiene firme en sus restricciones locales. El pulso entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía continuará, y la creación del grupo de Policía de Tránsito para ciclorrutas podría convertirse en el nuevo escenario de choque político sobre cómo debe entenderse la movilidad sostenible en el país.
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Paola Reyes Bohórquez.
