La propuesta busca eliminar la publicidad de carros a combustión, en línea con la Agenda 2030 y las metas climáticas de la UE. El ajuste impactaría al sector automotor y energético.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, presentó esta semana un ambicioso borrador del Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible. Esta norma plantea eliminar por completo la publicidad de vehículos impulsados exclusivamente por gasolina o diésel, así como el de combustibles fósiles, excepto gas natural, y los vuelos de corta distancia si existe alternativa en tren que no supere las dos horas y media.
El responsable de esta iniciativa, el ministro Pablo Bustinduy, del partido Sumar, defendió ante la prensa que “hay que responsabilizar al sistema económico en su conjunto, transformar los modos de producción, de distribución y de consumo”. Con esta medida, se persigue acelerar una transición que no recaiga únicamente en los consumidores, sino que incluya a las empresas automotrices y energéticas en sus compromisos ambientales.
Este borrador, que aún debe entrar en tramitación parlamentaria, introduce la prohibición de la publicidad de combustibles fósiles (carbono y petróleo) y de autos exclusivamente de combustión. Por ejemplo, los fabricantes como Volkswagen tendrían vetado anunciar sus modelos solo a gasolina o diésel, aunque podrían promocionar sus variantes híbridas o eléctricas.
Dura prohibición
En palabras del ministerio: “se prohíbe cualquier tipo de publicidad sobre productos energéticos compuestos exclusivamente por derivados de origen fósil, en los que no participan componentes renovables”. Hay que anotar que la UE prohibió la venta de carros de combustión a partir de 2035, el propósito es cumplir los compromisos de reducción de CO2. No obstante, España va más allá: si se aprueba la ley, dejará de permitirse la publicidad de esos vehículos desde ahora.
Además del veto publicitario, el anteproyecto incluye otras prácticas que buscan reforzar el consumo responsable: se regula la “publicidad del miedo” obligando a respaldar los mensajes alarmistas con datos objetivos; se combate el greenwashing, prohibiendo etiquetas genéricas como “eco” o “biodegradable” sin certificación.
Sumado a lo anterior, se introduce el derecho a reparar, con garantías extendidas y disponibilidad de repuestos por hasta 10 años; se regula la reventa de entradas ajustada al IPC; se obliga a informar sobre la reduflación (menos producto al mismo precio); y se prohíbe la obsolescencia programada.
Sector automotor afectado
Este paquete de regulaciones, que afecta a múltiples sectores, responde a una lógica de cohesión con las Metas de la Agenda 2030 y los compromisos climáticos de la UE. Así como con la presión para que los más contaminantes, “los ricos contaminan más que 12 millones de personas”, afirmó el ministro, “paguen lo que les corresponde”.
Sin embargo, a pesar de su robustez ambiental, aún queda por ver si contará con el respaldo necesario en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno no dispone de mayoría absoluta y dependerá de negociaciones con partidos regionales. Sectores de la publicidad, el automotor y la industria consideran la medida excesiva y temen su impacto económico, ya que la publicidad automotriz representa más del 30 % del gasto publicitario total en España.
Igualmente, se abre el debate sobre si esta prohibición afectará a los anuncios en internet y redes sociales, y si las marcas podrán seguir promocionando sus versiones híbridas o eléctricas sin restricciones. Fuentes del sector automotor señalan que prácticamente todos los fabricantes ofrecen hoy versiones electrificadas, lo que permitiría esquivar fácilmente la prohibición.
Paola Reyes Bohórquez.
