El Gobierno colombiano avanza en quitar el subsidio al ACPM a carros particulares para ahorrar $698.000 millones anuales tras el aval de la SIC.
El precio del diésel podría entrar en una nueva etapa en Colombia. La propuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella busca reducir el costo fiscal que representa actualmente este combustible para las finanzas públicas, aunque todavía no está en vigencia.
La iniciativa plantea que el precio del ACPM para vehículos particulares, oficiales y diplomáticos se acerque a su referencia internacional. Con ello, el Ejecutivo pretende disminuir la presión sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), mecanismo mediante el cual el Estado absorbe parte de la diferencia entre el precio local y el internacional.
El desmonte de los subsidios al diésel comenzó a discutirse durante el gobierno de Gustavo Petro y, posteriormente, se han adoptado medidas para focalizar el beneficio. De hecho, el Ministerio de Minas y Energía ya había planteado diferenciar el tratamiento del ACPM utilizado por vehículos particulares, oficiales y diplomáticos frente al empleado por el transporte de carga y pasajeros. Ahora, la propuesta del actual Gobierno fue revisada por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, que consideró viable avanzar con ella, aunque formuló recomendaciones sobre la manera en que deberá implementarse.
Transporte de carga
Uno de los puntos centrales de la propuesta es que el eventual desmonte no se aplicaría de la misma manera a todos los usuarios del diésel. El Gobierno contempla mantener el subsidio para el transporte público colectivo y los vehículos de carga, con el argumento de que un incremento significativo en el costo del combustible utilizado para movilizar mercancías podría terminar trasladándose a los precios de alimentos y otros bienes.
El objetivo es evitar que una modificación en el precio del ACPM genere presiones adicionales sobre la canasta familiar. Por eso, el Ministerio de Minas y Energía plantea la decisión bajo criterios de “eficiencia económica y sostenibilidad fiscal”.
Este enfoque coincide con la metodología que el Gobierno ya venía desarrollando durante 2026 para calcular el precio del ACPM destinado a automotores particulares, oficiales y diplomáticos con base en referencias internacionales.
Ahorro para el FEPC
El principal argumento detrás de la medida es fiscal. De acuerdo con las estimaciones, el cambio permitiría generar ahorros directos cercanos a $698.000 millones anuales en el FEPC. El problema surge porque el precio interno del diésel permanece por debajo de su referencia internacional. Cuando aumenta el valor del combustible en los mercados externos y la tarifa nacional no sube en la misma proporción, se amplía la diferencia que debe cubrir el Estado.
En ese escenario, el FEPC termina asumiendo una mayor presión financiera. La situación cobra especial relevancia ante el aumento reciente de los precios internacionales del diésel asociado a conflictos políticos. Y aunque la Superintendencia consideró viable la propuesta, también formuló recomendaciones al Ministerio de Minas y Energía.
Entre ellas está la necesidad de aclarar cómo se calculará el ingreso del productor fósil para el diésel, de manera que los diferentes agentes del mercado cuenten con información suficiente para cumplir las reglas establecidas. La entidad también recomendó implementar un mecanismo de seguimiento que permita corregir la metodología cuando sea necesario.
Además, pidió que el Ministerio expida el proyecto correspondiente acompañado de la versión más reciente de su justificación y que dicha documentación sea comunicada a la Superintendencia. Por ahora, entonces, no se trata de un aumento vigente para todos los vehículos diésel. La propuesta busca avanzar hacia un esquema en el que el subsidio se concentre en los sectores considerados estratégicos para el transporte de pasajeros y mercancías, mientras los carros particulares, oficiales y diplomáticos se acercan progresivamente al precio internacional del combustible.
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Paola Reyes Bohórquez.
