El proyecto de ley ‘Por allá sí voy’ propone el registro RUNSTIP y nuevas reglas para conductores y apps de transporte en Colombia.
Entre enero de 2021 y julio de 2026 se impusieron 159.437 comparendos por la infracción D.12 del Código Nacional de Tránsito, según la exposición de motivos del proyecto de ley “Por allá sí voy”. Esa infracción, que sanciona el transporte remunerado de pasajeros en vehículos no autorizados, contempla una multa de 30 salarios mínimos diarios y la inmovilización del vehículo: cinco días en la primera infracción, 20 en la segunda y 40 en la tercera. De los comparendos registrados, 103.580 correspondieron a carros y 40.748 a motocicletas.
Sin embargo, la cifra requiere una precisión que el propio Ministerio de Transporte ha señalado. Y es que la infracción D.12 no identifica exclusivamente a conductores que trabajan con aplicaciones. También abarca otras modalidades de uso no autorizado. Así las cosas, la entidad no cuenta con una base de datos que permita separar los comparendos asociados específicamente con plataformas digitales.
Por lo anterior, una iniciativa, de autoría del representante Mauricio Andrés Toro Orjuela y con varios congresistas como coautores, propone crear el Registro Único Nacional del Servicio de Transporte Intermediado por Plataformas Digitales (RUNSTIP), que funcionaría dentro del RUNT. Allí tendrían que inscribirse las plataformas, sus operadores, los conductores y los vehículos.
Lo que crearía el proyecto
Los conductores que completen al menos 10 viajes en una plataforma durante el año tendrían que registrarse. Entre los requisitos mínimos están la licencia de conducción vigente y el certificado de antecedentes judiciales. Los carros particulares podrían usarse para el servicio sin cambiar sus placas ni su clase de servicio, siempre que estén inscritos y cumplan las condiciones técnicas, de seguridad, seguros y revisión técnico-mecánica que se establezcan.
El proyecto exige pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, pagadas por las plataformas, que cubran a conductores, pasajeros y terceros desde que se acepta el viaje hasta que termina. Estas complementarían el SOAT. La Superintendencia Financiera intervendría en su regulación.
En materia de tarifas, las apps podrían fijar precios libremente según oferta y demanda, y conductor y pasajero acordarían el valor mediante la aplicación. El usuario conocería de antemano el precio y sus componentes, y recibiría un comprobante con información del recorrido y el costo. Así mismo, las plataformas explicarían, en lenguaje comprensible, las variables que usan para asignar viajes y calcular tarifas. Si suspende, sanciona o desactiva una cuenta, el afectado podría solicitar una revisión humana antes de que la decisión quede en firme. El proyecto no obliga a revelar el código fuente ni secretos comerciales. También plantea la portabilidad del historial y reputación para evitar que queden atados a una sola plataforma.
Cambios para taxis
El texto incluye una contribución no tributaria del 1,5% sobre los ingresos netos de las plataformas por cada viaje. El pago estaría a cargo de los operadores y no podría trasladarse al conductor ni descontarse de su participación. Los recursos financiarían formación y bilingüismo para conductores, programas de vivienda y salud, reconversión laboral, eliminación de vehículos de tracción animal y mantenimiento vial en los municipios donde operen las plataformas.
Para el taxi tradicional, la iniciativa plantea actualizar su regulación, habilitar tarifas dinámicas cuando el servicio se solicite mediante plataformas y desmontar gradualmente las reglas que permiten negociar o transferir cupos y derechos de operación.
El proyecto asigna al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones funciones de inspección, vigilancia y control sobre las plataformas, mientras las autoridades territoriales conservarían sus competencias en materia de transporte. Si el Congreso lo aprueba, el Ministerio de Transporte tendría que reglamentar el registro en un plazo de 12 meses. La propuesta no elimina de inmediato las sanciones actuales ni convierte automáticamente en legal cualquier viaje solicitado por una aplicación.
Paola Reyes Bohórquez. Con información de El Espectador.
