Un proyecto de ley en Colombia busca prohibir que los agentes de tránsito revisen celulares o interroguen pasajeros en operativos a apps de transporte.
El uso de aplicaciones de transporte volvió al centro del debate sobre las normas de tránsito en Colombia. Ahora la discusión apunta directamente a la forma en que las autoridades comprueban si un vehículo particular está siendo utilizado para prestar un servicio de transporte mediante plataformas digitales.
Daniel Briceño, representante a la Cámara, anunció que llevará al Congreso un proyecto de ley para establecer reglas específicas durante los procedimientos relacionados con el comparendo D12, que actualmente sanciona a quien destine un automotor, sin la autorización correspondiente, a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito. La norma también contempla la inmovilización del vehículo por cinco, 20 o 40 días, dependiendo de si se trata de la primera, segunda o tercera infracción.
La iniciativa no plantea únicamente modificar la sanción. Uno de sus principales objetivos es cambiar la manera en que se obtiene la evidencia durante los controles realizados a conductores que trabajan con aplicaciones como Uber, DiDi, Cabify e inDrive.
Lo que cambiaría
Uno de los puntos anunciados por Briceño está relacionado con los teléfonos celulares. El congresista plantea que los agentes de tránsito no puedan revisar el dispositivo del conductor para comprobar si está utilizando una plataforma de movilidad.
Según explicó, esa verificación no debería hacerse mediante el acceso al contenido privado del teléfono sin las garantías legales correspondientes. “El agente de tránsito no tiene por qué quitarle el celular y meterse en el celular”, afirmó Briceño al explicar su propuesta.
La discusión resulta relevante porque el celular puede convertirse en uno de los elementos utilizados durante un operativo para determinar si el conductor está vinculado a una aplicación. El proyecto buscaría establecer un procedimiento uniforme para evitar que esa comprobación dependa de prácticas diferentes entre autoridades o ciudades.
Otro cambio anunciado apunta directamente a los pasajeros. Briceño propone que los agentes de tránsito tampoco puedan interrogarlos como mecanismo para establecer si existe una relación entre el usuario y el conductor. El congresista cuestionó que durante algunos controles se pregunte a los ocupantes del carro si conocen al conductor o qué vínculo tienen con él. La intención, según el representante, es que la eventual imposición del D12 se adelante bajo reglas claras de debido proceso y no dependa de este tipo de interrogatorios.
El D12 sigue vigente
Mientras la propuesta llega al Congreso, las reglas actuales continúan aplicándose. El artículo 131 de la Ley 769 de 2002 establece el D12 para los casos en que un vehículo sea destinado, sin autorización, a un servicio diferente del establecido en su licencia de tránsito. Para esta infracción, la legislación contempla también la inmovilización del automotor: cinco días en la primera ocasión, 20 días en la segunda y 40 días en la tercera.
En 2026, la multa asociada a esta infracción es de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, equivalente a alrededor de $1,26 millones. La cifra y los costos derivados de la inmovilización hacen que el procedimiento tenga un impacto económico importante para quien utiliza el carro como fuente de ingresos.
El debate actual tiene dos dimensiones diferentes. Primero está la discusión sobre cómo deben realizarse los controles y garantizar el debido proceso. Por otro, la controversia de fondo sobre el tratamiento legal que deben recibir los servicios de transporte solicitados mediante aplicaciones.
Más allá de Uber, DiDi y Cabify
El anuncio de Briceño ocurre después de que representantes del sector de aplicaciones plantearan eliminar el D12 dentro de una eventual reforma al Código Nacional de Tránsito. Alianza In Colombia ha defendido esa posición argumentando que la actividad de los conductores de plataformas permanece en medio de un escenario regulatorio que, según el gremio, no ofrece una solución integral.
Briceño ya había expresado públicamente su respaldo a la eliminación del D12 para estos casos. Ahora, su nueva propuesta se concentra en las condiciones bajo las cuales se realizan los procedimientos cuando una autoridad pretende imponer la infracción. Por el momento, se trata de una iniciativa anunciada y no de una modificación vigente del Código Nacional de Tránsito. Su alcance dependerá del texto que finalmente sea radicado y del trámite que adelante el Congreso.
Paola Reyes Bohórquez.











