Una iniciativa política plantea retirar el SOAT a motos de bajo cilindraje. La idea promete alivio económico, pero enciende alertas por sus efectos en salud, seguridad y finanzas públicas.
La propuesta de eliminar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, para la mayoría de motocicletas en Colombia abrió un debate de alto impacto. La iniciativa, impulsada por la senadora Paloma Valencia, busca modificar el Código Nacional de Tránsito para excluir del pago de este seguro a motos de hasta 250 cc, siempre que estén registradas en el RUNT.
El planteamiento llega en medio de la discusión por el costo del SOAT y su peso en el bolsillo de millones de motociclistas. En Colombia circulan más de 12 millones de motos, que representan más del 62% del parque automotor, y de ese total, cerca del 93,5% corresponde a modelos de hasta 250 c.c.. Es decir, la medida impactaría a la gran mayoría de usuarios.
La propuesta contempla un periodo de transición de seis meses para que el Gobierno defina cómo funcionaría el nuevo esquema y, sobre todo, cómo se financiaría la atención de víctimas en accidentes donde participen estos vehículos. Aunque se eliminaría la obligación del SOAT, el proyecto deja claro que los conductores no quedarían exentos de responsabilidades civiles, penales o administrativas.
Los beneficiados
El argumento central es económico y social. Según el documento, alrededor del 92% de los propietarios de motocicletas pertenece a estratos 1, 2 y 3, y cerca del 60% gana menos de dos salarios mínimos. Para muchos, la moto no es un lujo, sino una herramienta de trabajo en sectores como domicilios, mensajería y transporte informal. En ese contexto, eliminar el SOAT se presenta como un alivio financiero.
Sin embargo, el debate se vuelve más complejo cuando se mira el impacto en el sistema de salud. Actualmente, parte de la atención a víctimas de accidentes se financia con recursos del SOAT y, en casos donde este no existe, interviene la ADRES. Según cifras citadas en el proyecto, en 2025 esta entidad giró $702.000 millones por reclamaciones relacionadas con accidentes de tránsito y otros $326.000 millones para cubrir atenciones en casos sin seguro o con vehículos no identificados.
La preocupación es evidente: eliminar el SOAT para la mayoría de motocicletas podría reducir significativamente los recursos disponibles para atender emergencias viales. Y, hasta ahora, la propuesta no define con claridad cómo se compensaría ese vacío financiero.
Asunto de seguridad vial
A esto se suma el factor de seguridad vial. Las motocicletas son, con diferencia, el actor más vulnerable en las vías del país. En 2024 se registraron 5.291 muertes de usuarios de moto, lo que representa el 62% del total de víctimas fatales en accidentes de tránsito. Además, según datos del sector asegurador, en el 88% de los siniestros viales hay presencia de motocicletas, lo que intensifica el debate sobre el riesgo que implicaría retirar el seguro obligatorio.
Desde la industria de seguros han surgido críticas contundentes. Voceros del sector advierten que la medida podría dejar desprotegidos a los motociclistas y trasladar el costo de la atención médica al sistema público. También cuestionan que se exima de contribuir a un grupo que, estadísticamente, concentra gran parte del riesgo vial.
Otro punto que genera discusión es la falta de precisión en el alcance. Aunque el articulado establece el beneficio para motos de hasta 250 c.c., en algunos apartes se hace referencia a modelos de hasta 200 c.c., lo que podría generar ajustes durante el trámite legislativo. Actualmente, el SOAT ya cuenta con tarifas diferenciales para motos de bajo cilindraje. En 2026, por ejemplo, las de menos de 100 c.c. pagan alrededor de $167.000, mientras que las de entre 100 y 200 c.c. alcanzan cerca de $224.300. Aún así, el costo sigue siendo un punto sensible para muchos usuarios.
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Paola Reyes Bohórquez.
