Un nuevo Proyecto de Ley en Colombia busca eliminar la restricción de Pico y Placa para ciertos vehículos. Así facilitaría su movilidad en todo el país.
En Colombia, la medida de Pico y Placa se implementa en varias ciudades, su objetivo es controlar la congestión vehicular con la restricción en la circulación de vehículos en determinados días y horarios. Sin embargo, esta normativa ha presentado desafíos para las personas con discapacidad que dependen de sus automotores para desplazarse.
En respuesta a esta situación, la senadora Ana Carolina Espitia Jerez, del Partido Alianza Verde, presentó el Proyecto de Ley 335 de 2024. Esta iniciativa tiene como objetivo «eliminar barreras para que las personas con discapacidad puedan acceder al beneficio de excepción de las medidas de restricción vehicular conocidas como Pico y Placa, establecidas en el numeral 6 del artículo 15 de la Ley 1618 de 2013″
Actualmente, las excepciones para personas con discapacidad varían según la ciudad. A esto se suma que están sujetas a trámites específicos, lo que puede generar inconvenientes y limitaciones en su movilidad. El Proyecto de Ley propone que el Ministerio de Transporte elabore una reglamentación uniforme a nivel nacional, garantizando que los vehículos que transporten o sean conducidos por personas con discapacidad estén exentos de estas restricciones en todo el territorio colombiano.
Excepción del Pico y Placa
La senadora Espitia Jerez enfatizó la importancia de esta iniciativa: «Esto con el propósito de que cada persona con discapacidad pueda tener asociado un vehículo de uso frecuente, con la excepción de la medida de Pico y Placa».
Además, se busca que el Ministerio de Transporte y el de Salud implementen un mecanismo de interoperabilidad entre el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) y el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) para facilitar la identificación y aplicación de este beneficio.
Las entidades territoriales que actualmente aplican la medida de Pico y Placa tendrían un plazo de tres meses para actualizar sus normativas y garantizar el cumplimiento de esta ley, una vez sea aprobada. El proyecto se encuentra en discusión en el Congreso y se espera que avance en las próximas sesiones legislativas de 2025.
Paola Reyes Bohórquez.
