El Gobierno de Trump anunció un histórico retroceso en la regulación de gases de efecto invernadero, desafiando el consenso científico en plena crisis climática.
El director de la Agencia Federal de Protección Ambiental, EPA, Lee Zeldin, anunció que la administración Trump dará marcha atrás en una decisión clave adoptada en 2009. Esta es conocida como endangerment finding, la cual reconoció que el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero representan un peligro para la salud pública y justifican regulación federal.
Según Zeldin, si se concreta, esta sería “la mayor medida de desregulación en la historia de Estados Unidos”. La normativa en cuestión proviene de un fallo del Tribunal Supremo. Este exigió a la EPA regular estas emisiones como contaminantes del aire bajo la Ley de Aire Limpio de EE.UU. Desde entonces, esta base legal ha permitido establecer normas para vehículos, plantas eléctricas e industrias contaminantes.
La administración Trump calificó la lógica científica empleada en 2009 como llena de “saltos mentales”. Así mismo, rechazó el consenso científico que vincula los gases de efecto invernadero al deterioro de la salud. Incluso mencionó la existencia de supuestos “efectos beneficiosos”, especialmente sobre la productividad agrícola.
Un desatino ambiental
Por su parte, el secretario de Energía, Chris Wright, agregó que la medida ahorraría más de 54 mil millones de dólares al año. Así, apeló a vehículos más baratos, menos costos energéticos y mayor libertad de consumo.
El borrador de propuesta inicia un periodo de consulta pública de 45 días, tras los cuales se espera que sea impugnado ante tribunales. Expertos anticipan juicios ante el Tribunal Supremo, especialmente dada la importancia legal del hallazgo original y los recientes casos que limitan la interpretación regulatoria por parte de agencias federales (decisión Chevron).
Como parte de una estrategia más amplia de desregulación, la EPA anunció anteriormente 31 iniciativas destinadas a revisar o desestimar reglas ambientales establecidas durante los mandatos demócratas. Estas incluyen normas de emisiones para vehículos pesados (Clean Trucks Plan), límites de óxidos de nitrógeno y regulaciones de plantas eléctricas (Mercury and Air Toxics Standards y Carbon Pollution Standards).
Retroceso
Los críticos advierten que eliminar el fundamento legal de estas regulaciones cambiaría radicalmente la política climática estadounidense. Lo anterior los dejaría sin herramientas federales para controlar la contaminación. Además de ceder a los estados la regulación, lo que podría crear fragmentación y debilitar la ejecución a nivel nacional.
California anunció que mantendrá sus propias normativas y desafiará esta decisión. De acuerdo con estimaciones de Associated Press y organizaciones ambientales, las regulaciones actuales evitarían alrededor de 30.000 muertes anuales. Igualmente, proporcionarían beneficios económicos por unos 275 mil millones de dólares cada año.
Organizaciones como Natural Resources Defense Council y BlueGreen Alliance calificaron la medida como un grave retroceso ambiental que podría traducirse en más enfermedades respiratorias, cánceres y costos médicos crecientes, especialmente en comunidades vulnerables.
Por otro lado, grupos de la industria como la American Trucking Association y la American Petroleum Institute han saludado la decisión, argumentando que las normas anteriores obstaculizaban el costo y la competitividad empresarial. Este anuncio ocurre en medio de una ola de calor en la costa este y tras un 2024 que fue reportado como el año más cálido registrado, lo cual añade presión sobre el gobierno estadounidense en medio de un contexto climático crítico.
Paola Reyes Bohórquez.
