La pelea entre taxistas y plataformas de movilidad suma un nuevo capítulo. Esta vez, la discusión gira alrededor de las tarifas y la transparencia de sus algoritmos.
La regulación de las plataformas de movilidad volvió al centro del debate en Colombia. Esta vez, el foco no está en una prohibición ni en un cambio inmediato de las tarifas, sino en una exigencia de transparencia que podría tener implicaciones importantes para millones de usuarios que utilizan aplicaciones como Uber, Didi, Cabify e inDrive para desplazarse diariamente.
El origen de la controversia se encuentra en una tutela interpuesta por Hugo Ospina, líder de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis, Asoproctax, quien asegura que el Ministerio de Transporte no respondió de fondo una petición presentada el 15 de enero de 2026. En ella solicitaba información sobre el cumplimiento de un exhorto emitido en 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca relacionado con la operación de las plataformas digitales de transporte.
Tras varios meses sin obtener una respuesta satisfactoria, el caso llegó el pasado 24 de junio de 2026 a la jueza Leidy Cristina Polania Díaz, quien concedió el amparo al derecho de petición del accionante y ordenó al Ministerio de Transporte resolver de fondo el requerimiento dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo. La decisión también aplicó la presunción de veracidad contemplada en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, figura que puede utilizarse cuando una entidad pública no responde oportunamente a los requerimientos judiciales.
Tarifas dinámicas bajo la lupa
Aunque el ministerio presentó memoriales de respuesta los días 24 y 30 de junio, Ospina considera que dichos documentos no resolvieron el asunto de fondo. Por esa razón, el 1 de julio radicó una solicitud de insistencia ante el mismo despacho judicial para que se verifique el cumplimiento efectivo de la sentencia.
La tutela está relacionada con una acción popular fallada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en julio de 2025. En ese proceso, presentado también por Hugo Ospina, el tribunal exhortó al Ministerio de Transporte y a varias plataformas tecnológicas a adoptar medidas que permitan una mayor transparencia en el funcionamiento de sus sistemas de asignación de precios.
Entre las empresas mencionadas aparecen Uber, a través de Lieber Colombia SAS; Didi, mediante Asesorías CC SAS; Cabify, Beat, Easy Taxi, KLIIP, Waycali, Emmago y Ovniapp. Posteriormente, en agosto de 2025, el tribunal aclaró la sentencia e incluyó a Suol Innovation Ltd., compañía responsable de inDrive.
Mayor seguridad
Sin embargo, existe un aspecto clave que ha generado interpretaciones distintas. El exhorto judicial no prohíbe las tarifas dinámicas ni obliga a las plataformas a cobrar valores equivalentes a los del servicio de taxi tradicional. Lo que solicita es que exista transparencia algorítmica, mecanismos que eviten discriminaciones injustificadas en los precios, sistemas de atención de quejas más robustos, controles de identidad para conductores y usuarios, herramientas tecnológicas de monitoreo y mejores condiciones de seguridad.
En otras palabras, la discusión judicial actual apunta a que los usuarios comprendan mejor cómo se calculan las tarifas que aparecen en las aplicaciones cuando existen factores como congestión vehicular, lluvias, alta demanda o escasez de conductores disponibles.
Paralelamente al proceso judicial, Asoproctax endureció su posición frente a las plataformas. La organización reiteró públicamente que estas compañías deberían cobrar únicamente las tarifas autorizadas por las autoridades locales, tomando como referencia los valores establecidos para el servicio de taxi y los recargos oficialmente aprobados.
Taxistas mantienen presión
Según el gremio, cualquier cobro superior a esas tarifas afecta a los usuarios y desconoce disposiciones contempladas en la Ley 336 de 1996. No obstante, esa exigencia específica no forma parte ni de la tutela concedida por el juzgado ni del exhorto emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El caso vuelve a evidenciar uno de los principales desafíos regulatorios del transporte en Colombia: encontrar un equilibrio entre la innovación tecnológica, la protección de los usuarios y las condiciones de competencia entre las plataformas digitales y el servicio de taxi tradicional. Aunque por ahora no hay decisiones que obliguen a eliminar las tarifas dinámicas, la presión judicial y gremial podría reactivar el debate sobre el futuro marco regulatorio de estas aplicaciones en el país.
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Paola Reyes Bohórquez.
