El Ministerio de Transporte pidió a las autoridades intensificar la verificación de documentos, SOAT y revisión técnico-mecánica de los vehículos que prestan servicio público en todo el país.
El Ministerio de Transporte ordenó reforzar los controles al transporte público terrestre en Colombia con el fin de mejorar la seguridad de los usuarios y garantizar que los vehículos que prestan este servicio cumplan con todos los requisitos legales.
La medida fue anunciada mediante una circular dirigida a autoridades de tránsito municipales, distritales y departamentales, así como a la Superintendencia de Transporte y a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA). La circular, firmada por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y fechada el 4 de marzo de 2026, busca recordar y fortalecer las obligaciones de control y vigilancia sobre el tránsito y el transporte público terrestre.
El documento señala que estas acciones se adoptan tras situaciones recientes que han generado alertas institucionales sobre el cumplimiento de las condiciones legales para la circulación de vehículos y la prestación del servicio público.
Casos de «paseo millonario»
De acuerdo con Blu Radio, la decisión también responde a recientes casos de “paseo millonario” registrados en ciudades como Bogotá y otras capitales del país. Estos hechos han puesto en evidencia la necesidad de mejorar la trazabilidad del servicio que reciben los ciudadanos y de reforzar las medidas de seguridad para prevenir delitos relacionados con el transporte.
Según declaraciones citadas por el mismo medio, la ministra Rojas advirtió que la falta de controles puede abrir espacio para irregularidades y actividades criminales. “Si no se hacen controles esto se nos vuelve un desorden, cada quien termina haciendo lo que se le antoja y se da espacio para que criminales como estos que hemos visto en las últimas semanas se aprovechen de la situación”, afirmó la funcionaria, al insistir en que las autoridades de tránsito de cada municipio deben actuar con mayor rigor.
El Ministerio explicó que el fortalecimiento de estas acciones responde al deber del Estado de garantizar la seguridad de las personas en las vías públicas y privadas abiertas al público. En ese sentido, recordó que la entidad ejerce funciones de orientación, coordinación y formulación de políticas del sector transporte.
Verificación de documentos
La circular también detalla el fundamento jurídico de estas acciones. El Ministerio actúa bajo lo establecido en el artículo 208 de la Constitución Política y en normas como la Ley 105 de 1993, la Ley 336 de 1996, la Ley 769 de 2002 —conocida como el Código Nacional de Tránsito— y el Decreto 087 de 2011, que regulan el funcionamiento del sistema de transporte y las competencias de las autoridades.
Entre las medidas prioritarias se encuentra la verificación de los documentos esenciales para la circulación de los vehículos que prestan servicio público. Las autoridades deberán comprobar que los conductores cuenten con licencia de conducción vigente, así como revisar la tarjeta de operación y la tarjeta de control cuando corresponda. También se deberá verificar el contrato de vinculación del vehículo con la empresa de transporte y otros documentos habilitantes exigidos por la normativa.
Además, la circular recuerda la obligatoriedad de revisar la vigencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. Estos requisitos son indispensables para garantizar que los vehículos circulen en condiciones seguras y cumplan con las normas establecidas.
No hay nuevas reglas
Así mismo, la circular menciona la Estrategia Nacional para Abordar la Violencia Sexual (ENVIS), adoptada mediante la Resolución 20253040045835 de 2025, que establece lineamientos para garantizar entornos seguros en el transporte público y en la movilidad activa. Esta estrategia contempla acciones de prevención, atención y sanción frente a situaciones de riesgo para los usuarios.
El Ministerio de Transporte aclaró que la circular no crea nuevas obligaciones legales ni modifica el marco normativo existente. Su propósito principal es reiterar las responsabilidades de las autoridades competentes y reforzar la vigilancia para asegurar que el servicio público de transporte se preste de forma legal y segura.
Con estas acciones, el Gobierno busca mejorar la seguridad vial, garantizar el cumplimiento de las normas y evitar que delitos como los llamados “paseos millonarios” sigan afectando a los usuarios del transporte público en diferentes ciudades del país.
Paola Reyes Bohórquez.
