El aumento de los peajes en Colombia para 2026 ya tiene fórmula definida, pero el Gobierno reconoce el malestar ciudadano y estudia nuevas formas de administrar las vías.
El ajuste que tendrán los peajes en Colombia a partir de 2026n es inminente. El incremento se hará con base en el Índice de Precios al Consumidor, IPC, tal como lo ordena la ley. Así lo confirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien explicó que este aumento corresponde a una actualización por costo de vida y se aplicará de manera general a todas las concesiones viales desde el próximo 16 de enero.
Es de anotar que el IPC anual cerró en 5,30 % en noviembre de 2025, según cifras del Dane, y ese será el punto de partida para calcular cuánto más tendrán que pagar los usuarios en las estaciones de peaje. No obstante, la ministra aclaró que el Gobierno ha tomado decisiones para evitar impactos bruscos.
“En algunos casos, peajes que debían subir en una fecha determinada se han postergado o se ha dividido el aumento en tramos para que no represente un golpe fuerte para la ciudadanía”, explicó la líder de la cartera al medio de comunicación Valora Analitik.
Nueva tarifa en enero
De hecho, ya se han aplicado esquemas de tarifas diferenciales, aplazamientos y aumentos graduales, dependiendo del tipo de contrato y la antigüedad de cada concesión. Aún así, Rojas fue clara en que el ajuste general asociado al IPC sí se hará efectivo en enero, en cumplimiento de la normativa vigente.
Este debate se da en un momento clave para las concesiones viales del país. Muchos contratos fueron firmados hace más de una década y hoy están en proceso de revisión y renegociación. Todo con el objetivo de adaptarlos a la realidad económica actual y a las crecientes demandas de equidad, eficiencia y transparencia por parte de los usuarios.
Otro modelo de concesiones
El Gobierno también empieza a cuestionar el modelo tradicional de concesiones, sobre todo en corredores donde ya no hay grandes obras por construir. Sobre casos como el de Devimed, que opera vías entre Medellín, Rionegro, Guarne y El Retiro, Rojas admitió que es poco probable que se tomen decisiones de fondo antes de que termine el actual mandato. “Una concesión tiene sentido cuando hay grandes obras por construir. Para solo administrar y operar, el Estado podría hacerlo directamente”, sostuvo.
Por eso, entre las alternativas en estudio están los esquemas de gerencia vial pública, apoyados en patrimonios autónomos que permitan anticipar recursos y financiar infraestructura con herramientas propias del Estado. La idea, según la ministra, es dejarle al próximo gobierno opciones reales y viables, más allá del esquema concesionado.
Peajes más caros
Mientras tanto, el malestar ciudadano sigue creciendo, en especial en las zonas donde los peajes alcanzan valores récord. Tras los aumentos autorizados por Invías, incluido un alza del 30 % en enero para ocho estaciones, el peaje de Pipiral, en la vía a Villavicencio, se convirtió en el más caro del país, con $26.400. Le siguen el Túnel del Oriente en Antioquia ($25.000), Cisneros ($24.600), Aburrá ($24.107) y Guaico, en San Cristóbal ($23.800).
Este inconformismo ya llegó al Congreso. En julio de 2025, el senador Guido Echeverri, de la ASI, radicó un proyecto de ley para reformar el sistema nacional de peajes, con reglas más claras, tarifas proporcionales y mayor control ciudadano. “Las regiones no pueden seguir pagando peajes sin saber cómo se invierte cada peso. Necesitamos un modelo donde el control ciudadano y la planificación del Estado estén por encima de intereses particulares”, afirmó.
Echeverri también ha cuestionado la falta de información en proyectos como IP Conexión Centro, que asumirá en 2027 la administración de una vía de 256 kilómetros en el Eje Cafetero, y ha elevado derechos de petición exigiendo mayor transparencia al Ejecutivo.
Paola Reyes Bohórquez.
