La propuesta de eliminar el subsidio al diésel para carros particulares, camionetas y cuatrimotos busca aliviar un déficit fiscal del Fepc.

El debate sobre el subsidio al diésel en Colombia alcanzó un punto crítico. El Gobierno nacional prepara un decreto que eliminaría la cobertura que actualmente protege a vehículos particulares: carros, camionetas, cuatrimotos, del pago pleno del combustible diésel, en un intento por corregir lo que considera una asignación regresiva de recursos públicos.

Según el documento, esta medida permitirá “corregir una injusticia social y fiscal que privilegiaba a quienes menos lo necesitaban”. Así, desde el Gobierno indican que cerca de 30 de cada 100 vehículos que se abastecen de diésel en el país serían los primeros sujetos a la tarifa plena, es decir, dejarían de recibir el subsidio.

El trasfondo fiscal es enorme. El fondo de estabilización de precios de combustibles, Fepc, creado en 2007 para estabilizar los precios de los combustibles, acumuló al cierre de 2022 un déficit de COP 36,7 billones y para el primer semestre de 2024 ya sumaba otros COP 49,6 billones. Además, un análisis del 2024 lo estimaba en su conjunto en más de COP 100 billones. El Gobierno habla de posibles ahorros cerca de COP 386.000 millones al año gracias a esta medida.

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Polémica iniciativa

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció la iniciativa durante el Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas, organizado por Fendipetrol y COMCE. Palma explicó que la norma aún no entra en vigor porque está en desarrollo un sistema que permita diferenciar en las estaciones de servicio los vehículos que mantendrán el subsidio (transporte de carga, buses) de los que ya no lo tendrían (vehículos particulares). “Estamos corrigiendo una injusticia”, señaló el funcionario.

Los automotores de transporte de carga y transporte público quedarían exentos del cambio, con lo que se busca evitar impactos en la inflación o en la canasta básica. No obstante, los transportadores ya han advertido que todo aumento del precio del diésel genera riesgos inflacionarios, presión sobre precios de alimentos y pueden provocar paros.

Acpm transporte de carga

Transición energética

Hay que decir que esta medida se alinea con la estrategia más amplia del Gobierno para una transición energética justa, mejorar la eficiencia del gasto público y promover equidad social. En su política, el Estado parte de la premisa de que los subsidios al diésel han sido regresivos y que han beneficiado más a hogares de mayores ingresos que a los más vulnerables.

Así mismo, la iniciativa se inscribe en un panorama fiscal complejo, pues Colombia enfrenta un déficit público elevado, con un gasto público creciente y presión para reformar los ingresos tributarios. Así pues, el combustible se ha convertido en uno de los frentes más relevantes de la batalla fiscal.

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Paola Reyes Bohórquez.