El Gobierno eliminó subsidio al diésel industrial por falta de beneficio al consumidor. La medida busca frenar un gasto de $131.000 millones y sanear el FEPC.
El Gobierno Nacional dio un giro clave en su política energética al expedir el Decreto 0268 de 2026, con el que decidió excluir del subsidio a los combustibles líquidos usados en procesos industriales. La decisión, anunciada por el Ministerio de Minas y Energía, apunta a frenar el impacto fiscal que venía generando el creciente consumo de diésel en este sector.
En términos simples, los combustibles derivados del petróleo que se utilizan como materia prima, por ejemplo, en quemadores industriales, ya no podrán beneficiarse del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Este fondo fue creado precisamente para amortiguar las subidas internacionales del petróleo y evitar que los precios golpeen directamente el bolsillo de los ciudadanos.
La decisión no llega por casualidad. Detrás hay cifras que encendieron las alarmas. Según análisis del Gobierno, el consumo de diésel en actividades industriales pasó de un promedio mensual de 806.000 galones en 2023 a más de 8,2 millones en 2024. Es decir, un aumento cercano al 917%, un salto que terminó presionando fuertemente las finanzas del fondo.
Combustibles subsidiados
Ese crecimiento tuvo consecuencias claras. Solo entre enero y abril de 2025, el uso de combustibles subsidiados en este tipo de procesos le costó al FEPC alrededor de $131.000 millones. En otras palabras, recursos públicos que estaban pensados para estabilizar precios al consumidor terminaron beneficiando actividades industriales intermedias.
Frente a este panorama, el Gobierno optó por “cerrar la llave”. La idea es clara: focalizar mejor los subsidios. “Estamos tomando decisiones responsables para proteger los recursos públicos. El FEPC debe servir para estabilizar el precio de los combustibles que usan los colombianos, no para subsidiar procesos industriales que no trasladan ese beneficio al consumidor final”, aseguró Edwin Palma, ministro de Minas y Energía.
El funcionario también explicó que la medida busca corregir distorsiones en el mercado. Según dijo, permitir que industrias accedieran a combustibles subsidiados podía generar ventajas indebidas y afectar la competencia. “Con este decreto cerramos espacios a incentivos perversos que podían generar subsidios indirectos a ciertos actores del mercado”, agregó.
FEPC y su déficit
El trasfondo de la decisión también tiene que ver con la sostenibilidad fiscal. En los últimos años, el FEPC ha acumulado un déficit significativo debido a la diferencia entre los precios internacionales del petróleo y los precios internos regulados. De acuerdo con estimaciones oficiales, ese hueco ha alcanzado varios billones de pesos, lo que obliga al Gobierno a ajustar constantemente su estrategia para evitar un mayor desbalance en las cuentas públicas.
Aunque la medida podría generar costos adicionales para algunas industrias que dependen del diésel, el Ejecutivo insiste en que el objetivo es priorizar el interés general y garantizar que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan. En adelante, el reto será mantener el equilibrio: controlar el gasto público sin generar un impacto desproporcionado en la actividad productiva del país.
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Paola Reyes Bohórquez.
