El ‘boom’ de las motos en Colombia ha convertido ciertas prácticas en algo común. Una de ellas es guardarlas dentro de la casa, lo que ahora acarrea fuertes multas económicas.
Las motocicletas en Colombia han visto crecer a gran escala su mercado. Durante los últimos meses, las ventas mantuvieron una tendencia al alza y las proyecciones indicaron que al cierre de 2025 el país podría superar el millón de motos vendidas. Detrás de este fenómeno hay factores como su bajo costo, el menor consumo de combustible y la facilidad para moverse en ciudades cada vez más congestionadas, donde este tipo de vehículo se consolidó como una solución práctica para miles de personas.
Este cambio en la forma de movilizarse también tuvo efectos directos en la vida dentro de los conjuntos residenciales sometidos al régimen de propiedad horizontal. Cada vez más residentes adoptaron la motocicleta como su principal medio de transporte, pero no todos hicieron uso de los parqueaderos asignados. En muchos casos, estas comenzaron a ser ingresadas y almacenadas dentro de casas o apartamentos, una práctica que, aunque frecuente, abrió un debate legal y de convivencia.
La Ley 675 de 2001, que regula la propiedad horizontal en Colombia, fue clara frente a este tipo de situaciones. La norma estableció que tanto los bienes privados como los bienes comunes tienen una destinación específica que debe respetarse. En ese sentido, los inmuebles destinados a vivienda solo pueden usarse con fines habitacionales, mientras que los vehículos deben permanecer en las zonas habilitadas para parqueo, de acuerdo con el reglamento interno de cada conjunto.

Cumplimiento obligatorio
Ese reglamento no es una simple recomendación. Es de obligatorio cumplimiento para propietarios, arrendatarios y residentes, sin excepción. Guardar una motocicleta dentro de un apartamento o casa contradice directamente la destinación del inmueble y desnaturaliza su uso residencial. En otras palabras, el hecho de que una persona sea dueña del inmueble no le da vía libre para utilizarlo como garaje.
Más allá del aspecto legal, las autoridades y administraciones de conjuntos advirtieron sobre los riesgos asociados a esta práctica. Las motocicletas contienen gasolina, aceites y otros líquidos inflamables que, al almacenarse en espacios cerrados y no diseñados para ese fin, aumentan el riesgo de incendios o explosiones. Estos peligros no solo afectan al propietario de la moto, sino que comprometen la seguridad de vecinos, familias y zonas comunes, vulnerando el derecho colectivo a un entorno seguro.
Frente a estas situaciones, los conjuntos residenciales cuentan con herramientas para actuar. En la mayoría de los casos, el primer paso es el diálogo y el llamado de atención por parte de la administración. Sin embargo, cuando la conducta se mantiene, los reglamentos permiten imponer sanciones económicas previamente aprobadas por la asamblea de copropietarios.

Multas y sanciones
Las multas pueden llegar hasta el valor de una cuota de administración. Así, si un residente paga, por ejemplo, $300.000 mensuales, esa misma suma puede aplicarse como sanción en caso de reincidir en el almacenamiento indebido de la motocicleta dentro de su vivienda. El objetivo de estas medidas no es castigar, sino frenar una práctica que pone en riesgo la convivencia y la seguridad del conjunto.
Cuando las acciones internas no bastan, la administración tiene la posibilidad de acudir a la Policía Nacional, que está facultada para intervenir ante comportamientos que afecten la seguridad y la convivencia ciudadana. De esta manera, la norma busca proteger no solo la legalidad, sino también la vida y el bienestar colectivo.
Paola Reyes Bohórquez. Con información de Valora Analitik.








