Esta semana se radicó una demanda por prevaricato contra la alcaldesa de Bogotá, y el gobernador de Cundinamarca. La acción la adelantaron 16 colectivos y se centra en un supuesto cobro ilegal en el impuesto de vehículos.
El pasado miércoles 11 de octubre, una demanda por prevaricato por acción se presentó contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos. Todo se debe a un supuesto cobro ilegal en el impuesto de vehículos que ha generado controversia en la región.
La demanda, radicada por 16 colectivos, se entregó en el búnker de la Fiscalía General de la Nación. En un comunicado de prensa, las Veedurías de Cundinamarca y diversas organizaciones civiles expresaron su denuncia penal.
«DENUNCIAMOS PENALMENTE al señor Nicolás García Burgos, en calidad de Gobernador de Cundinamarca y a la señora Claudia Nayibe López Hernández en calidad de alcaldesa de la ciudad de Bogotá, por presuntamente incurrir en los injustos consagrados en el CÓDIGO PENAL Artículo 413, Prevaricato por acción”.
Incremento en el impuesto
La demanda está relacionada con un incremento no declarado en el valor del impuesto de vehículos desde el 1 de enero de 2023. Según los colectivos, este aumento, que se cobró sin el debido anuncio y conforme a la Ley 2199 de 2022, podría haber alcanzado los $10.000 millones.
Este monto adicional del 0.2% sobre el valor total del automotor ha generado preocupación entre los contribuyentes. Además del cobro ilegal, los colectivos expresaron su descontento por la imposición de la Región Metropolitana, la cual fue decidida sin la participación activa de las comunidades.
Según el comunicado, esto llevó a una aceleración de los procesos en el Concejo de Bogotá y en la Asamblea de Cundinamarca en 2022. Esta decisión permitirá elegir a un director regional, con un presupuesto superior a los $70.000 millones, designado únicamente por el gobernador y la alcaldesa antes que terminen sus períodos en el cargo.
En respuesta a estas acciones, los colectivos anunciaron una movilización en protesta.»En defensa de nuestros territorios nos movilizaremos para detener esta maniobra que será sinónimo de más impuestos (5% adicional dice la ley 2199), más peajes, doble pago de valorización y pago plusvalía. Legalización de volteo de tierras, incremento de pago en los servicios públicos, pérdida de ecosistemas, deterioro de la calidad de vida y pérdida de autonomía administrativa de los municipios de Cundinamarca».
Un aumento que siente el bolsillo
Y es que, aunque el porcentaje parece mínimo, a gran escala el monto es bastante alto. Pues se estima que este año, solamente en Bogotá se podrían recaudar $137.000 millones.
Por ejemplo, el impuesto se tasa según el avalúo del automotor. Así pues, si es una moto de más de 125 cc o un carro avaluado por menos de $52 millones se paga 1,5% sobre su valor ($15.000 por millón). Si el vehículo se encuentra entre los $53 millones y los $118 millones paga 2,5% ($25.000 por millón), y si es superior a $ 118 millones paga 3,5 % ($ 35.000 por millón).
Entonces, con el 0,2% adicional, el monto a pagar en Bogotá y Cundinamarca será de $17.000, $27.000 y $37.000. Esto indica, $2.000 más por cada millón de avalúo que en el resto del país.
Por lo que, si se suman las cuentas con el número de vehículos matriculados en esta región se verían cifras bastante elevadas. Lo anterior es lo que llevó al grupo de ciudadanos a radicar la denuncia penal.
La situación ha generado gran preocupación entre los ciudadanos, quienes están esperando respuestas claras y acciones concretas por parte de las autoridades involucradas.
Paola Reyes Bohórquez. Fuente: El Espectador.
